La cruzada de Ecologistas en Acción contra el resort de lujo Isla de Valdecañas (Cáceres) continúa, al igual que los intentos de la Junta de Extremadura y de la empresa promotora por evitar el derribo después de la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de este año, que obliga a eliminar los 185 chalés, el hotel y el campo de golf.
La organización ambientalista ha insistido en que se trata de una “urbanización ilegal”, como en los últimos años han venido reconociendo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el Supremo y el Constitucional, por lo que han denunciado que ahora la Junta afirme que no consta “la declaración formal de dicho espacio Red Natura 2000”. En base a ello, las empresas promotoras, Golf Valdecañas, SA, y Marina Isla de Valdecañas, SA, han presentado un recurso de reposición porque consideran que todo el proceso judicial está “viciado de nulidad radical”, puesto que se basa en una ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) que no existe.
Esta situación ha obligado a Ecologistas en Acción a volver a los tribunales para responder a estos recursos porque aseguran que no hay “la más mínima duda sobre la declaración de la ZEPA de Valdecañas” en el año 2003. No fue hasta cuatro años después, cuando se aprobó la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuando se introdujo una regulación específica acerca del procedimiento de aprobación de las zonas de especial protección para las aves. “Efectivamente, tras la aprobación de esta ley, la declaración de estas zonas sí que tenía un procedimiento más reglado, que incluía un periodo de información pública y la publicación en el boletín oficial correspondiente”, asegura la organización.
Práctica habitual en 2003
Lo que estaba vigente en 2003 era el Real Decreto 1997/1995, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. En su artículo 3 señala que en la Red ecológica europea Natura 2000 “se incluirán las zonas especiales de protección para las aves declaradas, en su caso, por las Comunidades Autónomas correspondientes, en virtud de lo dispuesto en la Directiva 79/409/CEE”, conocida como directiva de aves. De este modo, los ecologistas insisten en que la ZEPA ES0000329 Embalse de Valdecañas, declarada en abril de 2003, lo fue conforme a la práctica habitual en dicho momento: remisión desde la Administración extremeña a la Administración General del Estado del Formulario Normalizado de Datos (FND) de dicho espacio debidamente cumplimentado. El Gobierno lo comunicó oficialmente a la Comisión Europea en junio de ese año, según la documentación aportada por el grupo conservacionista.
A juicio del grupo ambientalista, la declaración “quedó refrendada”, además, por la inclusión del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Márgenes de Valdecañas en el anexo de la decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea y por la aprobación de la Orden de 11 de diciembre de 2012 por la que se aprueba el Plan de Gestión de la ZEPA “Embalse de Valdecañas”.
El colectivo ha lamentado que tenga que ser “una organización ecologista, una vez más, la que defienda los espacios naturales protegidos que deberían ser protegidos por la Junta de Extremadura, que ahora hasta siembra dudas sobre su declaración”, y ha denunciado la “manipulación y el ruido mediático” que están generando el Ejecutivo autonómico y los promotores del resort.
Recursos y cambios en la Ley del Suelo
De hecho, la Junta ha iniciado varios frentes para evitar el derribo de Isla de Valdecañas, acciones refrendadas por PSOE, PP y Cs y una encuesta, encargada por el Gobierno regional, en la que un 80% de los ciudadanos apoya recurrir el derribo de la urbanización de lujo y el 51% es partidario de que ahora se cambie la Ley del Suelo para intentar 'salvarlo'. En este sentido, tanto la Junta de Extremadura como los propietarios han presentado sendos recursos de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2022.
Además, la Asamblea de Extremadura ultima una iniciativa legislativa, que previsiblemente contará con el apoyo de PSOE -cuenta con mayoría absoluta-, PP y Cs y el rechado de Unidas por Extremadura, que se remitirá al Congreso de los Diputados para modificar la Ley del Suelo y que incluirán cambios clave que permitirían la legalización del complejo Isla de Valdecañas.