La Renta Canaria de Ciudadanía cumple dos años estancada en 13.000 familias beneficiarias y sin desarrollar sus complementos

Tiene 54 años, presentó el 18 de agosto de 2022 la solicitud de la extinta Prestación Canaria de Inserción (PCI) y, después de más de un año de trámites y entregas de documentos, no se le había reconocido el derecho a la actual Renta Canaria de Ciudadanía (RCC). Es una de las quejas que aparecen en la memoria anual de la Diputación del Común donde esta persona afectada señaló que, tras solicitar información sobre el estado del expediente, le habían dado “excusas, como falta de personal, retrasos o con la aplicación”. También expresaba la gran necesidad que tenía de percibir dicha renta, ya que carecía de ingresos y no encontraba trabajo. 

Los dos colegios oficiales de Trabajo Social del Archipiélago confirmaron recientemente que la tendencia sigue siendo la misma: “Hasta la fecha, las medidas y acciones que se están realizando por parte del Gobierno de Canarias no son palpables para los ayuntamientos, a los que diariamente se acerca la ciudadanía para pedir información, asesoramiento y explicaciones sobre las tardanzas en sus solicitudes, revisión de situaciones o devolución de la prestación económica”, expresaron en un comunicado conjunto. 

Actualmente, son 12.936 las familias que reciben la Renta Canaria de Ciudadanía, una cifra que permanece estancada. Pero la cifra tiene varias lecturas. Para la directora de Servicios Sociales de Canarias, Elizabeth Santana, no tiene por qué ser un dato negativo el hecho de que no aumente el número de beneficiarios ya que quiere decir que la situación de las personas cambia y mejora bien porque van encontrando empleo o tienen otra prestación como el IMV. 

Para el exdirector de Derechos Sociales, Javier Bermúdez, es todo lo contrario y cree que su equipo defendía otro modelo que es el de cuantas más personas protegidas, mejor y más en un contexto en el que en Canarias hay unas tasas de personas en riesgo de pobreza y exclusión del 33,8%. “Creo que hay dos modelos: el de las comunidades que aprovecharon el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para desmontar sus rentas mínimas y las que lo aprovecharon para reforzar su propia prestación y abarcar más” y explica que en el primer modelo estarían Madrid y Andalucía y que el actual Gobierno canario “va en esa línea”. Por ello, insiste en que “es una muy mala noticia que bajen los perceptores porque sigue habiendo mucha pobreza”. 

Por su parte, Coralia Calderín, de la junta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, destaca que “como principal déficit (que se viene arrastrando desde la PCI) la imposibilidad o las dificultades para hacer los itinerarios de inclusión social e inserción laboral reales y efectivos”. Señala que es el sentir generalizado que tienen todos los técnicos, tanto desde la dirección como las administraciones municipales, como los compañeros profesionales que prestan apoyo en la Renta Canaria de Ciudadanía, “que realmente la parte económica evidentemente es necesaria porque hay que cubrir necesidades básicas, pero la transformación real no está llegando”. A su juicio, si estos planes de inserción se estuvieran llevando a cabo el número de nóminas, de prestaciones, se iría reduciendo. 

Cree que la tendencia debería ser precisamente ir hacia menos personas que necesiten la renta para cubrir las necesidades básicas y esto no es así porque no hay “más personas insertadas”. “El ideal sería que llegue un momento que estos itinerarios sean realmente efectivos y transformadores como para que ese número de demandas, que la demanda en lugar de creciendo vaya disminuyendo”, destaca. 

Incide en que en materia de inserción no se llega a unos mínimos, y cree que hay que hacer un ejercicio de reflexión todas las administraciones, “de saber si realmente estamos focalizando y estamos destinando los recursos que serían los ideales”, apunta. 

Los inicios de la renta canaria

La Renta de Ciudadanía se aprobó en el Parlamento en diciembre de 2022 por unanimidad, pero fue en marzo cuando empezó a despegar y previamente se habían realizado varias modificaciones sobre la extinta Prestación Canaria de Inserción (que cuando llegó el pacto de las flores solo se podía cobrar durante dos años). Elizabeth Santana incide en que cuando su equipo llegó a la legislatura había acumulados 5.960 solicitudes sin tramitar y que de abril a julio de aquel año solo se habían tramitado 512 expedientes. “Desde que nosotros nos hemos incorporado hemos tramitado más de 10.000 expedientes”, insiste. 

Sobre ello, Javier Bermúdez apunta que cuando el anterior Gobierno se puso a trabajar en 2019 solo había 5.000 beneficiarios de la antigua PCI en un contexto en el que aún no existía el Ingreso Mínimo Vital. “Hoy en día el IMV llega a unas 30.000 familias y la renta en torno a 13.000, que ha bajado respecto a 2022, pero ya estamos hablando de 43.000 familias protegidas, unas 100.000 personas”, incide. “Es un vuelco brutal respecto a lo que había en 2019 (hablo entre lo que hizo la comunidad y el Estado). Y eso es bueno, esa gente no tenía ninguna otra prestación. Probablemente, sobrevivían con ayudas de emergencia que llegaban tarde e iban a comedores sociales”, apunta. 

En cuanto a expedientes acumulados, incide en que es posible que hubiera 5.000 pendientes cuando llegó el nuevo equipo porque se abrió el sistema a que cualquier persona pudiera solicitar la renta en la sede electrónica y esto llevó a que se recibieran numerosas solicitudes, ya que antes había que hacerlo a través de los ayuntamientos. No obstante, remarca que la gestión de su equipo acabó en 2022 y que las solicitudes se resolvían conforme a los plazos de la ley gracias al plan de choque que se puso en marcha con 65 personas. 

Si atendemos al último informe de Rentas Mínimas del Ministerio de Derechos Sociales se destaca que en 2023 (con el Gobierno de CC-PP) hay 4.398 solicitudes pendientes. 

“16.000 familias en 2022 es la mayor cobertura que nunca tuvo la PCI y nosotros lo defendemos con orgullo, protegimos al mayor número de familias en situación de pobreza que nunca se había protegido”, afirma. “No entendemos cómo el Gobierno defiende con orgullo que ahora haya menos familias protegidas, la renta canaria tiene potencial de llegar a muchas más familias y a muchas más personas que no tienen prestación. Hay familias que ahora sobreviven como pueden y que se están quedando fuera”, agrega. Asimismo, menciona que en diciembre siempre se abonaba un complemento de 250 euros que el Gobierno de CC-PP ya no abona. 

El estado actual de la renta canaria

Como datos positivos, el informe de Rentas Mínimas del Ministerio de Derechos Sociales destaca que Canarias está entre comunidades autónomas que han aumentado su gasto ejecutado en rentas mínimas. Sin embargo, otro dato destacable es que es la comunidad que tiene un mayor porcentaje de monoparentalidad entre las personas titulares. En referencia al tiempo de permanencia en la prestación, cabe destacar que todas las personas titulares de rentas mínimas de Canarias y de la ciudad autónoma de Melilla tienen un tiempo de permanencia en la prestación inferior a tres años. Por otro lado, en la Comunitat Valencia, y La Rioja la permanencia de las personas titulares en la prestación es inferior a 5 años. 

Una de las mejoras hacia la que habría que caminar y que apunta Coralia Calderín es “la ausencia de sistemas o de pasarelas que crucen intercambios de datos” ya sea con el SEPE, con el IMV… Este es uno de los temas que se llevó a la reunión que los colegios de Trabajo Social mantuvieron con la directora general recientemente. Explica que se dan casos como que a una persona le sale un trabajo para una sustitución de tres meses, la quiere aprovechar, pero en lo que comunica que se ha insertado y comunica su baja, va a estar unos meses que se va a quedar descubierta. 

Al ser preguntada por los plazos, Calderín señala que el plazo que establece la ley no siempre se cumple. “Sabemos perfectamente que el volumen de demanda y los expedientes, que el volumen de expedientes que a veces hay que tramitar, da lugar a que esos tiempos tengan que ser perpetuados y prorrogados”. Añade que la preocupación muchas veces se da porque el silencio administrativo en la renta de ciudadanía se entiende desestimatorio, y que eso genera preocupación, pero que esto no quiere decir que después la resolución no vaya a ser favorable. 

En este sentido, en materia de atención a la ciudadanía, un elemento que destaca como positivo es que se haya reforzado el 012 con personas que atienden fundamentalmente la renta de ciudadanía. 

La actual directora de Servicios Sociales agrega que se está trabajando para conectar los aplicativos de la renta y el del IMV y se están produciendo conversaciones para conectar también con el SEPE. “La idea es que la persona que es solicitante de uno y otro (renta e IMV) sobre la marcha se genere un vínculo, tanto en la documentación como en la concesión y reconocimiento del derecho”, explica. Y sobre la posibilidad de que Canarias gestione el IMV destaca que se trasladó al ministerio que se podrá asumir siempre que se dote de los instrumentos, del personal y todo lo necesario para su gestión. 

Sobre los tiempos de espera, incide en que un expediente no es necesariamente una persona, que muchas veces son revisiones de casos, e incide en que un expediente es un procedimiento administrativo. Señala que no se puede generalizar con los tiempos de espera medios porque “cada circunstancia es distinta” y remarca que se han incorporado 20 personas más en el servicio de pensiones y ayuda a la integración. Asimismo, menciona mejoras con el aplicativo informático y de refuerzo del 012. También anuncia que se está trabajando en otro plan de choque en el que se van a incorporar diez efectivos más. 

Complementos sin desarrollar

La Renta Canaria de Ciudadanía incorporaba complementos a las pensiones no contributivas, a la vivienda y a la educación. Sin embargo, dos años después no se han desarrollado. Coralia Calderín destaca que estos complementos serán clave porque  las cuantías de la renta no se adaptan a la realidad de mercado que tenemos. Sin embargo, hasta que no haya un desarrollo reglamentario no se va a contar con esos complementos. 

La directora de Servicios Sociales apunta que ya se está trabajando en el reglamento de la parte de acompañamiento social e itinerario de inserción formativo laboral. Explica que hay un borrador realizado por el equipo de pensiones y que se ha trasladado a los servicios jurídicos de la consejería para después adelantarlo a los colegios de trabajo social. 

Sobre el complemento a las pensiones no contributivas, Santana apunta que se ha hecho “todo lo que hemos podido” a nivel de comunidad autónoma, pero se necesita que el Estado “haga una modificación normativa para poder otorgarlo con todas las garantías, es decir, sin perjudicar la pensión a nadie”, añade. “Lo que hemos pedido al ministerio es que no compute ese ingreso como un ingreso extra de la unidad de convivencia y que se haga como se hace con el Ingreso Mínimo Vital”, resalta. Se trata de un asunto que la diputada Cristina Valido (CC) llevó al Congreso y fue respaldado. “El Ministerio nos adelantó que tiene un borrador y quedó en mandárselo”, agrega la directora, que añade que el mes de enero se abordarán varios de estos temas con el ministerio.