El Constitucional analiza si la nueva ley extremeña de Valdecañas hace morir el pleito sobre su derribo

El Tribunal Constitucional ha abierto un nuevo debate sobre el posible derribo del complejo Isla de Valdecañas en Cáceres. El pleno ha decidido preguntar a las partes del proceso, entre las que se encuentran desde la Junta hasta la comunidad de propietarios pasando por las organizaciones ecologistas, si la ley que Extremadura aprobó a principios de 2023 sobre este asunto efectivamente hace morir el proceso judicial sobre la demolición. Una decisión que puede, como mínimo, retrasar varios años el hipotético derribo.

Esta normativa fue aprobada por la Asamblea de Extremadura en marzo de 2023 a propuesta del PSOE, que gobernaba entonces en la región con mayoría absoluta, y con sus votos en solitario. Una norma conocida como 'ley ZEPA' que declaraba de forma expresa 55 territorios extremeños como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y que aprovechaba uno de sus artículos para legalizar “los usos del suelo y las transformaciones urbanísticas” levantadas en esos espacios a su entrada en vigor. En la práctica, buscando la legalización del complejo Isla de Valdecañas.

Este martes, según apuntan fuentes del organismo a elDiario.es, el pleno del Constitucional se ha dividido en torno a este asunto, con un sector del pleno considerando la posibilidad de que esta norma deje sin objeto los recursos que tramitan desde hace meses sobre la ejecución del derribo, y otro sector apostando porque una ley autonómica no puede interferir en la ejecución de una resolución judicial, en este caso del Tribunal Supremo ordenando el derribo.

El posible derribo del complejo Isla de Valdecañas lleva más de una década dando vueltas por los tribunales. Levantado en medio de un pantano y de una Zona de Especial Protección de Aves tras recibir el visto bueno de la Junta de Extremadura en 2007, los recursos y sentencias desembocaron en una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2022 que afecta a casi 200 villas, un hotel de cuatro estrellas y un campo de golf. “Deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones cuya demolición determinaba el propio auto de ejecución”, dijo el alto tribunal.

Como es habitual en otros casos de ilegalidades urbanísticas que terminan con una orden de demolición, la destrucción real del complejo no llegó con la firmeza de la sentencia y la admisión a trámite de los recursos planteados ante el Constitucional determinó su paralización. Fue en junio de 2023 cuando el tribunal de garantías admitió a trámite diversos recursos contra la ejecución del fallo y, en la práctica, dejó en suspenso la demolición hasta que hubiera sentencia firme.

Este nuevo debate abierto en el seno del pleno se ha traducido en que, por el momento, los magistrados han dado traslado a las partes para que opinen por escrito sobre este asunto. La norma salió adelante con el anterior gobierno socialista, cuando Guillermo Fernández-Vara contaba con mayoría absoluta en Extremadura, y contó con la oposición del PP que gobierna actualmente en solitario después de que Vox rompiera el acuerdo de Gobierno, por lo que está por ver qué opinión jurídica defiende la actual Junta, personada en el proceso.

Los propietarios de las casas bajo amenaza de derribo, también personados en estos recursos, ya mostraron su opinión cuando la norma salió adelante en la Asamblea: “Creemos que la decisión de la Asamblea de Extremadura responde al sentir del conjunto de la sociedad extremeña, ya que la inmensa mayoría de los ciudadanos entiende que la situación vivida durante casi 15 años es injusta y que derribar Valdecañas traería más daños que beneficios”, dijeron entonces.

Una respuesta positiva en este debate, a favor, por tanto, de zanjar la tramitación de los recursos por los efectos de la ley de 2023 por pérdida de objeto, tendría efectos imprevisibles para la posible demolición de Isla de Valdecañas, pero, como mínimo, retrasaría una decisión definitiva durante varios años más. El Tribunal Constitucional ya estudió y anuló hace cinco años la norma de 2011 con la que la Junta permitió la legalización de las construcciones.