Cuando comenzó la actual legislatura, Acorex era la primera empresa de la región, en facturación (algo más de 300 millones de euros/año) y empleo (más de 200 personas en planta y varios miles de agricultores agrupados en torno a 42 cooperativas). Bajo esa situación en apariencia boyante había ya una crisis larvada, unos problemas económicos que amenazaban al grupo y las primeras tensiones internas.
No era una situación ideal, ni mucho menos.
Pero nadie podía imaginar que cuatro años después, el buque insignia del sector agroalimentario extremeño volase por los aires, destrozado por sus propios errores internos, la crisis económica y por una descarada intervención de PP e IU que vieron en el poderoso grupo una ocasión de oro para demostrar que ahora ellos tenían la sartén por el mango.
En definitiva, muchos actores empujando hacia el precipicio.
Estas son algunas claves para comprender las razones de esta larga y dura crisis.
1/ ¿Quién manda en Acorex?
Algunas de las personas que más poder tienen en Acorex están fuera del grupo. Durante esta legislatura, el poder en la sombra de Acorex ha estado, además de en sus órganos rectores internos, en manos de la Junta, a través de la vicepresidenta Cristina Teniente, el diputado de IU Alejandro Nogales, y el presidente de Caja Rural Román Prieto, socio de una pequeña cooperativa de Acorex y cerebro en la sombra de buena parte de las operaciones.
Una de las estrategias de Prieto ha sido el consejo de crear una dirección general de Cooperativas para solventar esta crisis. Al frente de la misma propuso a su amigo Andrés Montero, al que no quiso aceptar en Agricultura el consejero Echávarri porque era un rojo, según el titular del departamento agrario, y lo acogió Teniente en su amplia estructura de vicepresidencia.
Muchas de las grandes decisiones claves para entender el devenir de Acorex (y de Caja Rural, por cierto) han estado a cargo de estas personas
2/ El show de la intervención de la Junta
Entre las acciones más sorprendentes de la dirección de Acorex en los últimos meses está la insólita petición para que fueran intervenidos porque no se consideraban capaces de arreglar sus problemas.
Por ello, se pidió la intervención en una asamblea de tapadillo, convocada de prisa y corriendo para otros asuntos, a la que no asistieron las tres grandes cooperativas ni la mitad de las pequeñas. Tomado el acuerdo fueron todos hasta la plaza de Rastro de Mérida a registrar la petición. Con tantas prisas no se dieron cuenta de que: No habían entregado a los socios la información previa obligada por tratarse de un asunto de trascendencia económica; ni habían convocada la reunión en tiempo y forma; por ello, cualquier socio podría impugnar esa petición de intervención.
Pero a las chapuzas de los directivos de Acorex se suma la actuación de la Junta que ve llegar al grupo de peticionarios y saltándose a la torera unas cuantas normas elabora una nota de prensa diciendo que no intervendrá la cooperativa.
Cuando se pide la intervención de una cooperativa, la ley de Procedimiento Administrativo Común (30/92) indica cómo debe ser la respuesta de la administración. Y la ley dice que la respuesta debe estar motivada, razonando los fundamentos de hecho y que el órgano competente para ello debe ser la consejería de Empleo, que tiene un plazo de 3 meses para estimar o denegar dicha petición, previa audiencia a los interesados.
Eso dice el procedimiento. Pero los firmantes de la petición, los directivos de Acorex, se enteraron por los medios de comunicación de que la Junta había difundido una nota de prensa diciendo que no intervenía.
3/ ¿Dónde va ahora IU?
Mientras esa ceremonia de la confusión se llevaba a cabo, el coordinador regional de IU Pedro Escobar reclamaba la intervención urgente de la Junta en Acorex y señalaba que ellos ya llevaban meses pidiendo esa intervención.
Parece razonable creer que si Escobar llevaba tantos meses pensando que esa era la solución podría haber aprovechado algunos de los meses de la legislatura para plantear en la Asamblea de Extremadura esos argumentos. Lo cierto es que IU y PP han compartido mesa y mantel con Acorex durante toda la legislatura y este desencuentro final apunta al viejo dicho de que el éxito tiene muchos padres pero el fracaso es huérfano.
4/ Muchas Casualidades
La empresa de tomate procesado de Miajadas Tomix ha sido una de las joyas de la corona del grupo Acorex. Puesta en funcionamiento en 2004, la cooperativa San Isidro de Miajadas tiene casi el 70% de la propiedad de la planta, y Acorex como grupo un 24%.
Cuando comenzaron las dificultades económicas y la cooperativa de Miajadas decidió salir del grupo, puso a la venta Tomix para obtener liquidez. Pero Acorex vetó la venta que está embargada en pleitos judiciales desde el año pasado. En estas últimas semanas, Miajadas ha pedido que se levante ese venta a la venta para negociar su retorno a Acorex; y se ha levantando el veto al embargo para que pudiera ser adquirida por la empresa Conesa, gran competidor en el sector tomatero de Acorex, frente a la oposición de muchos socios que hubieran preferido llegar a un acuerdo con otras cooperativas
En esas conversaciones, como en todo el proceso de la crisis de Acorex, uno de los dirigentes de la Junta es el director general de Desarrollo Empresarial Miguel Córdoba, hermano de uno de los directivos de la empresa compradora.
También han respirado con alivio cuando se ha levantado el embargo para la venta de Tomix entidades como Caja Almendralejo, que a su vez tiene concedido un préstamo importante a Conesa. Y Conesa a su vez tiene alquiladas dos plantas de un edifico de oficinas en la Ronda del Pilar de Badajoz para oficinas de Caja Almendralejo, en donde también tiene un despacho profesional Román Prieto.
En una región pequeña, como ésta, está claro que se producen muchas casualidades.