La deriva a la que está llegando Acorex, el primer grupo empresarial de la región hasta no hace mucho tiempo, es alarmante y se acumulan cada día nuevos reveses ante la inoperancia de una gestión con capacidad probada de crear conflictos, pero no así, hasta la fecha, de resolverlos.
Por si fuera poco, un grupo de cooperativas que siguen en Acorex empiezan a dudar de que romper la acordada fusión con la cooperativa andaluza Dcoop, por presión política de la Junta, haya sido una medida acertada visto lo que está ocurriendo ahora. Esos socios han pedido y han sacado adelante que la próxima asamblea general de Acorex que debe celebrarse en pocos días, en torno al próximo fin de semana, vuelva a debatir este asunto, como primer punto del orden del día de la próxima asamblea.
Respaldo de la Junta
Esa inminente asamblea de socios, aún sin fecha cerrada, va tener una incidencia muy elevada en el destino del grupo cooperativo. La directiva se sabe con el respaldo de la Junta y la vicepresidenta Cristina Teniente lo ha proclamado al término del último C Consejo de Gobierno. Teniente ha manifestado de manera explícita que la Junta respalda el plan de viabilidad que desarrolla la nueva directiva del grupo, y ese plan incluye refinanciar la deuda y un ERE con numerosos despidos. Tal vez más de un centenar. Además, Teniente ha asegurado a los gestores que tendrán su apoyo no en forma de más dinero (que no puede ser) pero sí a la hora de refinanciar la deuda.
Frente a ese complejo panorama, la dirección que encabeza Antonio Barral como director general y Manuel Ortega como presidente, va a lanzar un órdago en esa asamblea. O se aprueba el duro plan de ajuste (plan financiero y plan de despidos) o se va a un concurso de acreedores. O sea, o nosotros, o el caos.
A la espera de conocer cifras y datos están trabajadores de cuatro empresas: Acorex SLC, CEPA S.A., Extremeña de Abonos Líquidos y SLe y Ibergenética S.A.
Para los casi tres centenares de trabajadores del grupo y para algunos más que están en sociedades participadas, la situación es un largo y oscuro calvario, al que se suma la falta de información de la empresa y los reiterados recortes. El ultimo: acaban de ser informados de que tal vez no puedan cobrar la nómina de marzo, ni la paga extraordinaria que tienen comprometida en esta fecha. Llueve sobre mojado.
Plan financiero
Junto con ese problema laboral con centenares de ojos y caras expectantes, la asamblea general de Acorex será preguntada por sus gestores en torno al plan de viabilidad.
El plan de viabilidad que ultima la dirección contempla: refinanciar a más largo plazo la deuda de 16 millones con la empresa pública Avante. Atención, que si no se aprueba este punto y Acorex va a concurso de acreedores, la empresa Avante tendrá que provisionar todos los préstamos que ha dado a Acorex (algo más de 16 millones de euros) con los derivados problemas económicos y políticos que ello conllevaría para la Junta.
Pero además de refinanciar los préstamos con Avante, el plan de viabilidad incluye renegociar igualmente la deuda bancaria de otros 12 millones de euros con una carencia de 24 meses y amortización a largo plazo. Y además hay que añadir la deuda a proveedores, que sigue creciendo.
CCOO pide estabilidad en el empleo
Por otra parte CCOO ha difunfido un comunicado en el que critica que la Junta de Extremadura “esté dispuesta a facilitar la refinanciación de la deuda que Acorex tiene con la empresa pública Avante sin que haya en paralelo un acuerdo laboral o un compromiso por parte de la dirección del grupo por mantener los puestos de trabajo”.
“No se entiende el apoyo que la vicepresidenta del Gobierno regional, Cristina Teniente, ha ofrecido al plan de viabilidad cuando aún se desconoce el contenido de este plan, no se ha informado de las consecuencias que éste puede traer para la plantilla y ni se saben los detalles del expediente de regulación de empleo que afectará a las seis empresas del grupo”, señala el sindicato.
El sindicato pretende una salida acordada para Acorex que garantice la viabilidad económica en el futuro del grupo de cooperativas y el mantenimiento del empleo. Facilitar este de acuerdo debería ser el trabajo de la Junta de Extremadura intermediando entre las partes implicadas de manera prudente, lejos de las declaraciones mediáticas.
Por eso, CCOO reclama a los responsables políticos regionales que actúen ante la delicada situación en la que se encuentra Acorex contribuyendo en un proceso de mediación para que el impacto del plan de viabilidad sobre el empleo sea el menor posible.
“Para una región que roza el 30 por ciento de paro, el mantenimiento de los puestos de trabajo debería ser una prioridad en todo momento por parte del Gobierno regional y este caso no es una excepción”, dice CCOO.