Las familias de la Corrala Dignidad 1º de Mayo de Mérida han abandonado la ocupación ilegal de viviendas propiedad de la Sareb en la urbanización La Calzada, para que se retiren las acusaciones contra ellas por delito leve ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de la ciudad y evitar el juicio penal del día 15.
El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, lo ha hecho público antes de la firma por parte de las familias del documento propuesto por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para poner fin a la ocupación.
En el acto, las 14 familias han hecho entrega simbólica de las llaves de las viviendas que ocuparon el 20 de abril de 2015 y, según el documento, manifiestan haber retirado de estas fincas los enseres, mobiliario y demás elementos de su propiedad.
Por parte de la Sareb, se cursarán instrucciones a sus servicios jurídicos para que se aparte de la acusación que por delito leve se sigue ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Mérida.
Con el acuerdo, ha resaltado Osuna, se busca también paralizar “cualquier otro tipo de procedimiento que pudiera seguir adelante sin denuncia”, en concreto que la Fiscalía pueda “actuar de oficio”, al objeto de que las familias queden así “totalmente libres” de responsabilidad.
El regidor emeritense ha dado las gracias a las familias, que en su momento ocuparon estas viviendas “por el derecho a una vivienda digna”, así como a la Sareb, que “en muchas ocasiones se pinta como un ente que es un ogro, que ataca a las familias”, y que en este caso “siempre ha estado a disposición del ayuntamiento”.
El consistorio, que ha mediado en este proceso hasta alcanzar un acuerdo, seguirá “entablando conversaciones” con la Sareb para estudiar vías de colaboración futuras como que ésta ponga a disposición de la administración local las viviendas que no van a tener “fin comercial”, como se está haciendo desde la Junta.
En cuanto a las familias, la institución municipal trabaja en la medida de sus posibilidades para que “tengan una solución” y de las que la mayoría están siendo atendidas por los Servicios Sociales, con la tramitación, en aquellos casos en los que se cumplen los requisitos, de las ayudas correspondientes.
Negociación con los bancos
Además, desde la Oficina de Intermediación ante los Desahucios se está negociando con las entidades financieras para que algunas familias “puedan quedarse en sus viviendas y no sean desalojadas”.
Para el Gobierno local, ha continuado, es “más importante el problema personal de estas familias que cualquier otra circunstancia”, y ha recordado que han permanecido en La Calzada “en condiciones inhumanas, sin luz, sin agua...”.
Las viviendas que han estado ocupadas ilegalmente serán cerradas para evitar una nueva ocupación y Osuna supone que la Sareb las pondrá a disposición de la empresa promotora para sacarlas a la venta.
Por su parte, el portavoz de la Corrala, Jesús Oliva, ha justificado que la mayoría de las familias ocupantes fueron “desahuciadas” debido a un sistema “cruel y malvado”.
Ahora, ha continuado, abandonan “temporalmente la lucha en la calle para trabajar codo con codo con las instituciones” pero ha advertido de que si se dan pasos atrás en la colaboración que hay ahora, en un futuro volverán a ocupar las viviendas.
Oliva ha agradecido a la Sareb “la retirada de todos los cargos contra las familias” y la labor del consistorio como mediador, aunque le pide que “haga más por estas familias porque seguramente algunos duerman esta noche en la calle”.
Igualmente, ha reclamado a Osuna que una calle lleve el nombre de Corrala Primero de Mayo como símbolo de la lucha por una vivienda digna.
El portavoz ha criticado a Mérida Participa y Podemos que fueron “a echarse la foto” y que tras “conseguir un escaño”, se han “olvidado” de las familias, así como a Campamento Dignidad que los “han abandonado miserablemente”.
Ha lamentado además las críticas “infundadas” de los vecinos de enfrente pues el comportamiento de las familias ha sido “ejemplar”. “Somos ocupantes pero no delincuentes”.