Unas 120 personas según fuentes que estuvieron presentes, se concentraron el sábado pasado en Malpartida de Cáceres en apoyo del alcalde del PP, Alfredo Aguilera, condenado a nueve meses por delito de maltrato en la persona de quien era entonces su mujer.
Es la segunda convocatoria de este tipo que se produce, y ha aumentado el número de asistentes, al abrigo de un colectivo que se ha creado con ese propósito, una 'Plataforma de malpartideños denunciados por ejercer la libertad de expresión', y que entiende que se está atacando injustamente a todos los vecinos por el hecho de haber votado y dado mayoría absoluta a una persona que en el momento de las elecciones estaba pendiente del juicio, y luego ha sido condenada.
En la concentración tomó la palabra una mujer que entre otras cosas abogó por la libertad de expresión. En un comunicado de la plataforma, publicado por un diario regional pero que ya no está disponible, afirmaban previamente que se están vertiendo insultos y descalificaciones y que “no hay derecho” para afirmar que en el pueblo hay miedo y se apoya a maltratadores.
Dialéctica
Un comunicado en el que se acusaba y mencionaba directamente a la activista feminista y colaboradora de este diario Alicia Díaz, y al dirigente socialista y articulista en otro diario regional, Enrique Pérez Romero.
Ellos contestaron a ese comunicado de la plataforma, contestación que también ha sido eliminada de la red en las últimas horas por el mismo diario, en el sentido de que esos vecinos están en su libertad de de defender a la persona: “Pueden estimar individualmente a Aguilera si quieren (cuestión personal), pero no pueden legitimar colectivamente su delito con manifestaciones públicas (cuestión política). Para nosotros no es un tema personal, es político: combatir hasta erradicar la violencia de género. Solo eso ponemos sobre la mesa cada vez que manifestamos nuestra opinión en lo que ustedes consideran un insulto personal.
Tenemos que darles la razón en que nosotros hablamos de política, no porque tengamos especial interés en ‘cargarnos» a su alcalde’, sino porque la responsabilidad civil de un cargo público es incompatible con la comisión de delitos; y máxime si ese delito es un tipo de violencia que atenta contra la mujer (el 50% de la población) “.