La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha recibido 248 denuncias por acoso laboral en Extremadura en los últimos cinco años.
En todo el país, según se desprende de las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se han recibido 13.801 denuncias por acoso laboral en un lustro.
De ellas, 3.128 se registraron en Cataluña. Por detrás se situaron Canarias (1.617), la Comunidad Valenciana (1.477), Madrid (1.293), Andalucía (1.019) y Galicia (835).
Menor volumen anotaron Aragón (666), País Vasco (618), Castilla y León (535), Asturias (511), Castilla-La Mancha (486), Murcia (446), Islas Baleares (336), Cantabria (322), Extremadura (248), Navarra (236), Melilla (12) y Ceuta (3).
“Estas denuncias son solo la punta del iceberg”, ha asegurado Lucía Vargas, presidenta de la Asociación Palentina de Ayudas a Víctimas de Acoso' (PAVIA).
El desconocimiento sobre este fenómeno, a su juicio “devastador”, unido a los obstáculos laborales, a la temporalidad de los contratos y al miedo a perder el empleo, dibujan un contexto difícil para quienes son ninguneados y hostigados en su puesto de trabajo.
“Uno de los objetivos es que la víctima acabe abandonando el puesto de trabajo con una mano delante y otra detrás”, ha sostenido Vargas.
También ha destacado la dificultad para demostrar en los tribunales un 'mobbing' alimentado por conductas que van desde la infravaloración de las capacidades del empleado hasta su desbordamiento por la asignación de tareas irrealizables pasando por agresiones como la ocultación de información, la difamación o el trato vejatorio.
“Atendemos a unas 70 personas de media al año, pero la mayoría no terminan ni en la Inspección de Trabajo ni tienen un recorrido judicial porque, sin pruebas suficientes, los resultados son nefastos”.
Las víctimas tienden a echarse la culpa por su fracaso, aunque éste sea inducido. “La mayoría nos llegan derivadas por los médicos de Atención Primaria o los equipos de Salud Mental”, ha explicado la presidenta de la Asociación PAVIA, que valora la “sensibilización” de los sanitarios a la hora de conceder bajas por esta causa.
“Son fundamentales para prevenir el suicidio al alejar al trabajador del foco tóxico”, ha indicado.
Sus fronteras a veces son difusas, incluso para el propio afectado, y probarlo es complicado. No en vano, las armas que utilizan los acosadores pasan por un lenguaje retórico, las medias tintas y la insinuación. Al menos, inicialmente.
Pero, a medida que evoluciona, acaba por dibujar una desestabilización personal que pasa por estrés, presentismo, ansiedad, sentimientos de fracaso, impotencia, frustración, anhedonia o incapacidad para experimentar placer, desmotivación, depresión, apatía, así como diversas manifestaciones psicosomáticas.
“El machaque es tan grande que vienen con la autoestima por los suelos”, ha recordado Vargas.
La mayoría de los casos se encuadran en la tipología de acoso vertical descendente, es decir, el que ejerce el jefe o superior con respecto a sus subordinados.
“En el acoso siempre hay una desproporción de poder”, ha argumentado, y añadido que el agresor suele ser una persona narcisista y prepotente que proyecta su inseguridad sobre una víctima que, en palabras de Vargas, “suele estar muy preparada y hacerle sombra”.
“Los malos trabajadores se pueden despedir fácilmente, pero los buenos no”, ha subrayado sin dejar pasar por alto el elevado grado de reincidencia: “No hay represalias, por lo tanto repite sus conductas”.
Además, los compañeros de trabajo son a menudo testigos mudos de ese acoso: “Se quedan sin palabras ante un hostigamiento que tortura lentamente a su víctima hasta agotarla”.
En la Administración
“Lamentablemente, contribuyen al problema al mirar para otro lado”, ha incidido Vargas que, además, se ha mostrado crítica con “unas administraciones llenas de enchufes” que “tiene mandos intermedios que ni siquiera están capacitados para sus puestos”.
No en vano, según ha señalado, “Educación y Sanidad concentran una buena parte de las denuncias”.
“La diferencia con las entidades privadas es que existe la posibilidad de trasladarse a otro departamentos”, afirma.
El profesor Heinz Leymann fue el primero en definir el término 'mobbing' en el marco de un congreso sobre higiene y seguridad en el trabajo en el 1990.
De este modo, puso de relieve una situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima, acabar con su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que acabe abandonando su empleo.
Se estima que más de dos millones de trabajadores, en torno al nueve por ciento de la población activa, sufren en España un continuado y deliberado maltrato psicológico en el ámbito de su trabajo.
Pero, a pesar de que conductas como las descritas no son ni mucho menos insólitas en los centros de trabajo, los supuestos en los que se alcanza una resolución judicial condenatoria son muy escasos.
“Los datos oficiales no representan la realidad, lo mismo que está ocurriendo con el acoso escolar”, ha lamentado la presidenta de la Asociación PAVIA sobre un 'mobbing' que “se agudiza en periodos de crisis económica”.