El año pasado Extremadura duplicó la potencia instalada y en funcionamiento para producir electricidad de origen solar fotovoltaica, con 13 nuevas plantas abiertas, y este año estaba previsto que la potencia se incrementara otro cincuenta por ciento más.
Las placas solares ocupan campos enteros como antes lo hacía el trigo o el girasol, están al borde de las carreteras, no pasan en absoluto desapercibidas y Extremadura va a aumentar su potencial eléctrico de origen renovable solar, pero empieza a extenderse cierto escepticismo sobre su influencia positiva en la creación de riqueza y empleo estable una vez terminado el período de construcción.
César Ramos, diputado socialista por Cáceres en el Congreso, y portavoz parlamentario del partido en cuestiones de movilidad y transportes (antes Fomento), ha lanzado una reflexión pública en el sentido de que “creo que no lo estamos haciendo bien”.
En Extremadura “se están montando macroplantas fotovoltaicas, el otro día de camino a Monfragüe pasé por la de Talaván, más de 600 hectáreas de placas solares. Es cierto que durante su construcción genera muchos puestos de trabajo y deja dinero en forma de impuestos en el municipio. Pero creo que no lo estamos haciendo del todo bien, creo que deberían aportar más de lo que actualmente aportan, porque de lo contrario el rechazo a este tipo de instalaciones irá en aumento”, expresaba días atrás.
En conversación con eldiario.es Extremadura, Ramos afirma que está a favor lógicamente de las energías renovables y de las solares fotovoltaicas en concreto, pero “se está negociando mal, incluso el propio ayuntamiento, y a algunos les he planteado que me preocupa la sensación que se está generando de falta de beneficios. Hay que aprovecharlo mejor, que el ayuntamiento negocie que parte de la electricidad vaya a su zona industrial y así baje el coste energético, negociando con la compañía de la planta”.
Aviso a las empresas
No solo a los ayuntamientos, a muchas de estas empresas que están ocupando la región con extensos campos de placas “les he hecho la reflexión, ‘busquen ustedes la fórmula de aportar más a la región, o la gente se va a tirar a la calle; tenéis que buscar la fórmula, por ejemplo bajar el precio de la energía’ ”.
La oportunidad es aprovechar lo que el municipio aporte, como terrenos e irradiación solar, desde el ángulo de que la empresa propietaria de la planta una vez vierta la energía a la red sufrirá unas pérdidas por el transporte del orden del diez por ciento. Esa parte de la electricidad es la que podría vender, más barata, a industrias y emprendedores locales.
“Pagamos la electricidad, produciéndola al lado, lo mismo que una empresa de Valencia”, se asombra Ramos.
Hay que negociar con esas plantas “que una parte de la energía vaya para bajar el precio en esa zona, eso se puede hacer a día de hoy. No estamos aprovechando la oportunidad que tenemos, la ventaja de las horas de sol, ¿por qué no lo aprovechamos nosotros y siempre tiene que ser la parte pública? Nos quejamos porque de fuera aprovechen el valor pero…”
Los ayuntamientos tienen en eso “un papel importante”
César Ramos sostiene que la proliferación de miles de paneles no resta suelo agrario de gran valor sino que es “terreno que no sirve para otra cosa, y además sigue aprovechándolo el ganado”. Por otro lado, alguna empresa está investigando las oportunidades agrarias que crea el microclima que se forma bajo las placas.
Pérdida de tierras
Realmente sucede todo lo contrario según Carmen Ibáñez, ingeniera agrónoma, especialista en desarrollo rural y energías alternativas, y perteneciente a Unidas Podemos.
El de las gigantescas plantas solares fotovoltaicas es “un nuevo extractivismo, una pérdida de tierras fértiles, y lo más preocupante es en regadíos, terrenos que ha costado mucho dinero poner en marcha y en producción”.
No nos podemos negar hoy día a las renovables, a las fotovoltaicas, pero ella apuesta por el autoconsumo, “no a gran escala de los mismos oligopolios eléctricos, que por la interconexión de redes venden esa electricidad en cualquier punto de Europa”.
“¿Qué empleo dejan, queremos cifras, a medio y largo plazo”, reclama Ibáñez.
Hay que revisar “dónde se autorizan”, y frente a la tesis de Ramos, de que está surgiendo cierta oposición popular, “no creo que la gente se lo esté planteando, porque dejan dinero en los municipios”.