Los litigios se han prolongado durante años, “pero ha merecido la pena”. Es el mensaje que lanza el alcalde de Siruela, un municipio de 1.900 habitantes de la Siberia extremeña que a partir de ahora comenzará a cobrar una tasa de 139.000 euros anuales a las compañías eléctricas. Lo hará por la ocupación de postes y tendidos eléctricos en una finca comunal de 7.500 hectáreas.
La justicia les ha dado la razón y el Organismo Autónomo de la Diputación de Badajoz comenzará a gravar a las compañías en los próximos días.
Es uno de los tres pueblos pacenses que han ganado la batalla a las compañías tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que reconoce la obligación de las eléctricas a tributar por la ocupación de dominio público. A Siruela se suman Valencia del Monbuey y Oliva de la Frontera, todos con una sentencia firme en sus manos.
Otros trece pueblos extemeños han seguido el mismo camino, aunque permanecen a la espera de que se resuelvan los pleitos presentados por las compañías. Los cálculos del Organismo Autónomo de la Diputación de Badajoz ascienden a unos ingresos de entre 300.000 y 500.000 euros anuales para todos ellos en conjunto.
Las torretas y el cableado eléctrico podrían beneficiar especialmente a las localidades del mundo rural con grades extensiones de terreno rústico, aunque en la mayoría de los casos estas redes pasan por terreno privado, en los que los propietarios ya reciben una contraprestación. Algo que hasta el momento no ocurría en el caso de espacios públicos y dehesas comunales.
Hay que aprobar ordenanzas municipales
Los nuevos impuestos a las eléctricas abren otras posibilidades de financiación para las arcas de los municipios rurales que tengan grandes extensiones comunales. Es algo que ya se ha aplica por ejemplo en el caso de los cajeros automáticos u otros servicios que ocupan el espacio público.
Se trata de una tasa voluntaria, que debe aprobar cada ayuntamiento, y que por tanto debe contar con el acuerdo de pleno y una ordenanza municipal. Aquellos que han dado el paso se han encontrado con la negativa de las compañías, que los han llevado a los tribunales y han iniciado largos litigios. Ha sido un proceso en el que los municipios han estado acompañados por la Diputación de Badajoz.
La puerta al nuevo impuesto se abrió en 2016 con una sentencia del Tribual Supremo, que ratificaba las primeras ordenanzas en diferentes puntos del estado. A partir de entonces la justicia ha reconocido, pese a los pleitos, que se puede exigir una contraprestación por la ocupación del espacio público.
La mayoría de las denuncias pendientes de resolverse se refieren al importe del gravamen o la extensión de terreno comunal afectado por el que deben tributar las empresas.
Una batalla dura hasta la victoria
En el caso de Siruela su alcalde comenta que la batalla comenzó hace ya seis años, en un proceso que se ha hecho largo y arduo en muchas ocasiones. Ha sido necesario presentar dos ordenanzas diferentes y modificar la forma jurídica de su dehesa comunal –que pasó de ser monte protector a finca comunal--.
Se suman los litigios y la necesidad de explicar tanto a los vecinos como a la oposición los cambios que se estaban acometiendo para poder tener un nuevo gravamen, y por lo tanto más ingresos públicos.
“Me hubiese gustado que hubiera salido antes, llevamos muchos años de trabajo, pero hemos sido constantes y 'machacones', y al final lo hemos conseguido”. El regidor destaca que ahora el dinero de las eléctricas lo invertirán en empleo.
“Recomiendo a otros municipios a que saquen adelante este tipo de ordenanzas, sobre todo en Extremadura, con municipios eminentemente rurales con muchos terrenos rústicos públicos por los que pasan redes de alta tensión”. “Nos hace falta, vivimos alejados de las grandes ciudades y necesitamos mantener los servicios públicos”.
“Es un derecho”
La jefa del Servicio de Gestión Tributaria (OAR) de la Diputación, Ana María Frade, señala que las empresas tienen beneficios importantes, y sin la ocupación de los espacios públicos no podrían llevar a cabo el transporte y suministro de energía eléctrica. “Parece bastante razonable que los municipios reciban cantidades, al igual que ya ocurre en el caso de los particulares”, señaló en declaraciones a Canal Extremadura Radio.
En este proceso los técnicos de la Diputación de Badajoz han elaborado un informe técnico y económico bastante amplio por el que se calcula el valor del suelo rústico y el valor de estas instalaciones con datos objetivos, basados en normativa del catastro y en el Ministerio de Industria.
En función de las tasaciones se llega al cálculo. Se tiene en cuenta la categoría de la línea y los metros lineales de ocupación de las mismas que pasan por los terrenos de dominio público local, lo que permite determinar la cuota final.