CCOO reclama para Extremadura más de mil nuevos empleos de la Administración del Estado

CCOO Extremadura ha reclamado la creación de más de un millar de nuevos puestos de trabajo en la Administración General del Estado en la comunidad extremeña para mejorar la carencia de efectivos en distintos segmentos y recortar el tiempo de resolución de expedientes, ha explicado el secretario de Empleo del Sector de la Administración del Estado en este sindicato, Javier Martínez, durante una concentración convocada este martes por el sindicato frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz.

Con esta acción de protesta CCOO ha exigido mejoras en el actual anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, cuya plantilla cuenta con unos 3.500 trabajadores en la comunidad, según datos del pasado mes de junio. Esta cifra representa la cobertura de un 40 por ciento de las plazas fijadas para Extremadura, y aunque la creación de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) permitió lograr una mayor eficiencia en la atención y resolución de expedientes, la región requiere al menos un 30 por ciento más de empleados, ha asegurado Martínez.

Según el sindicato, en Extremadura preocupa especialmente la escasez de trabajadores en los centros de atención e información a los usuarios de la Seguridad Social o en las oficinas para la tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte, entre otros.

Para Martínez, la nueva normativa debe mejorar en este sentido las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos para hacer más atractivo optar a la Administración del Estado, que se percibe como “más lejana” frente a la función pública autonómica y local.

Por este motivo, considera “fundamental” la negociación de la nueva norma, que debe garantizar “los derechos del personal público de la Administración del Estado”. Una ley que además redundaría en beneficio de la ciudadanía, de ahí que el CCOO realice estos actos de protesta en las comunidades autónomas para que los diputados en el Congreso y los senadores representantes de los distintos territorios “conozcan las reivindicaciones” antes de la tramitación parlamentaria de la norma, ha explicado.

El primer anteproyecto de ley ha sido ya aprobado en Consejo de Ministros, a falta de una segunda vuelta en este órgano para ratificarlo, lo que debería resolverse antes de mediados de marzo “para que entre en plazo la tramitación parlamentaria antes del final de esta legislatura”, ha expresado.