Los lanzamientos o desahucios practicados durante el segundo trimestre del año en los órganos judiciales extremeños disminuyeron un 8,9 % con respecto al mismo periodo de 2021, lo que supone 2,4 puntos más que el descenso registrado a nivel nacional, según datos Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los lanzamientos como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias cayeron el 41,4 %, mientras que los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) experimentaron un crecimiento del 10,8 %.
Según los datos contenidos en el informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, elaborado por el servicio de estadística del CGPJ, ingresaron 92 asuntos por los lanzamientos como consecuencia de procedimientos derivados de la LAU.
Durante el trimestre analizado se presentaron un total de 125 ejecuciones hipotecarias, un 25 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en un comunicado.
El número de concursos presentados en el segundo trimestre de 2022, incluidos los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, ascendió a 74, lo que ha supuesto un incremento del 15,6 % del total de concursos respecto al mismo trimestre de 2021.
Por otra parte, en el segundo trimestre de 2022 se han presentado 430 demandas por despido, un 29,5 % más que en el mismo trimestre de 2021.
Los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre de 2022 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de Extremadura fueron 4.168, lo que ha supuesto un incremento interanual del 0,6 %.
El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
En el segundo trimestre ingresaron en los juzgados especializados en cláusulas abusivas un total de 597 asuntos de esta naturaleza, lo que supone un 33,3 % menos de respecto al mismo periodo que el año anterior.
De las sentencias dictadas, el 93,7 % fueron estimatorias, según el TSJEx.
La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas, ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil.
Con respecto a los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social, en el segundo trimestre de 2022 ingresaron en los órganos judiciales extremeños 11 procedimientos de este tipo, mientras que en el mismo periodo del año anterior hubo 10.