La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco, ha asegurado que el cierre del ejercicio económico de 2016 en Extremadura es una exigencia del Gobierno de la nación para cumplir con los objetivos de déficit y no afecta al normal funcionamiento de servicios como sanidad y educación.
El pasado miércoles el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó la orden que entre otras cuestiones establece que los documentos que conlleven compromiso de gastos dejarán de tramitarse y admitirse, salvo excepciones.
A raíz de esta publicación, el PP pidió explicaciones a la Junta de Extremadura por el cierre prematuro del ejercicio presupuestario, y tanto CCOO como la Confederación Regional de Empresarios (CREEX) mostraron su preocupación por la repercusión que pueda tener esta decisión en la economía extremeña.
La consejera, que ha pedido que no se haga “demagogia” con esta cuestión, ha recordado que “España está intervenida por la Unión Europea y Extremadura por el gobierno de España” y ha explicado que el pasado mes de julio se recibió un escrito del Ministerio de Hacienda en el que se exigía que se cerrase el ejercicio de 2016 antes del 5 de septiembre.
Por este motivo ha insistido en que de este modo el Ejecutivo que preside Guillermo Fernández Vara “mantiene el compromiso y lealtad con el Reino de España” como siempre se ha hecho sin que se comprometan inversiones en sanidad, educación o dependencia.
No afecta a los fondos de la UE
Pilar Blanco ha aclarado que este cierre no afecta a proyectos financiados con fondos europeos o transferencias del Estado, sino solo al gasto corriente financiado con recursos propios de la administración regional y que no sean los referidos a materia social y educativa.
La consejera también ha explicado que se ha solicitado al Ministerio de Hacienda una prórroga hasta el 15 de septiembre para poder facilitar la documentación requerida en virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que le ha sido concedida, así como que ha pedido comparecer en la Asamblea de Extremadura para informar de estas medidas.
Ha aprovechado su comparecencia para adelantar dos datos, que son de importancia para conocer la situación económica de Extremadura, el de periodo medio de pago a proveedores, que se ha cumplido en julio, que se ha situado en 17 días, y el déficit definitivo del ejercicio de 2015, que se sitúa en el 2,79 por ciento.
Para la consejera este dato es “una razón de más” para que el Gobierno establezca un objetivo de déficit diferenciado para Extremadura, más flexible y con el mismo plazo, como mínimo, que tiene en Estado para su cumplimiento de déficit.
Ha añadido que como consecuencia del cierre presupuestario por parte del gobierno y ante la falta de comunicación de datos por parte de Hacienda, es necesario que se le comunique a Extremadura el techo de gasto, la fijación del objetivo de déficit y saber cuales son las cantidades que se recibirán del Estado para elaborar el presupuesto. Según Pilar Blanco, aunque el gobierno esté en funciones no lo está el Congreso, por lo que este tipo de cuestiones puede llevarlas para su debate y comunicarlas a las CCAA.
En su opinión, el gobierno no tiene “excusas” y considera que con esta actitud lo que se quiere “es impedir que elaboremos nuestros presupuestos como instrumento de presión dada la situación política nacional”.