Los empleados de la Junta de Extremadura cobrarán en la nómina de próximo mes de enero el 2,5 % de subida salarial fija establecida para 2023, que se podría incrementar hasta un punto en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) y el Producto Interior Bruto (PIB), según se ha acordado este miércoles en la Mesa General de Negociación de la Administración, que ha presidido en Mérida la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y en la que están representados los sindicatos CSIF, UGT y CCOO.
La aplicación del punto adicional de incremento retributivo para 2023 se negociará en el mes de septiembre, según se ha decidido esta mañana en la reunión, de cuyos acuerdos han hecho un balance positivo la Junta, UGT y CCOO, mientras que el sindicato mayoritario, CSIF, se ha mostrado muy critico.
En la reunión también se ha ratificado, como ya había anunciado el Ejecutivo regional, que los empleados de la Junta perciban en la nómina de este mes de noviembre el 1,5 % pendiente de la subida salarial de 2022 y los atrasos acumulados desde enero a octubre, lo que supondrá un desembolso de unos 36 millones de euros en el conjunto del ejercicio.
Los trabajadores de la Administración autonómica ya vienen cobrando desde enero el otro 2 % del incremento retributivo para 2022, que alcanza en total el 3,5 %.
El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha calificado de “ irrisoria e insignificante” la subida para el año 2023, aunque sea “bienvenida”, y ha acusado a los gobiernos central y autonómico de “empobrecer” aún más a los trabajadores de la Junta.
Román ha considerado que han perdido una “oportunidad histórica” de haber dignificado la labor de los empleados con un aumento en función de la desviación del IPC, como se ha hecho con otros colectivos. En su opinión, podrían haber mandado un “mensaje claro y directo” al sector privado para que hiciera un esfuerzo también en materia de salarios. Sobre la subida de 2022, de un 3,5 %, ha dicho que los informes europeos y nacionales estiman que la desviación de los precios estará este año en el 9,5 %, lo que significa la pérdida de seis puntos en poder adquisitivo. Desde el 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero les rebajó su nómina entre un 5 y un 10 %, acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 20 %, que a final de este ejercicio alcanzará el 26 %, “una auténtica barbaridad”, según el presidente de CSIF Extremadura. A ello ha sumado los once meses que se les adeudan de la subida salarial del 2 % de 2020, que ni se ha pagado y que, según se ha dicho hoy la Junta en la reunión, “no tienen pensado pagar”.
Por ello, ha preguntado públicamente al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, “qué le han hecho” estos trabajadores para que nos les quiera pagar ese 2 %, ya que son los únicos de toda España que no la han cobrado.
No entiende que si hay 774 millones más en los presupuestos autonómicos para 2023, no haya dinero para abonar esa deuda, ha lamentado Román, que ha aclarado que no les vale lo que les digan los juzgados, “los extremeños no pueden ser menos”.
Sobre esta reivindicación en concreto, que no estaba incluida en el orden del día, la vicepresidenta ha recordado que los tribunales han dado la razón a la Junta y, aunque se pueda seguir hablando de ello en el futuro, de momento no se contempla.
Román ha puesto en duda que se pueda conseguir la subida adicional de un punto en 2023, ya que ha precisado que un 0,5 % se abonaría si el PIB supera el 5,9 %, cuando el Gobierno de España prevé un 2,4 % de crecimiento el próximo ejercicio en el mejor de los escenarios.
Y el otro 0,5 % depende de si la inflación es superior al 6 %, “esto no hay quien lo coja”, ha recalcado el sindicalista de CSIF, que ha adelantado que su sindicato proseguirá con las movilizaciones para reclamar unos “salarios justos” para los trabajadores de la Administración extremeña.
La secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos de Extremadura, María Ángeles Rodríguez, ha puesto en valor estas subidas salarias porque permiten amortiguar el alza de los precios y “la brecha podría ser mucho mayor”. Rodríguez ha señalado que en caso de que no se aprobará la ley de presupuestos del Estado para 2023, de la que parte el aumento salarial, la Junta articularía alguna normativa para aplicar el 2,5 % de fijo en la nómina de enero.
La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía y coordinadora de Área Pública de CCOO Extremadura, Esther Dávila, también ha destacado los acuerdos firmados por su sindicato y UGT a nivel estatal en esta materia, y se ha mostrado contenta con la subida, aunque no sea la mejor de las cifras en este contexto económico.
La vicepresidenta se ha mostrado satisfecha de los acuerdos alcanzados sobre la subida pendiente de 2022 y la prevista para el próximo año, porque responden a los compromisos alcanzados.
Por otro lado, sobre otro de los puntos del orden del día de la reunión, Blanco-Morales ha informado de que se ha negociado la adhesión a una mutua colaboradora para enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, que “no una externalización del servicio”, ya que estas entidades no tienen ánimo de lucro, como tienen en Extremadura otras instituciones como la Universidad o las diputaciones provinciales.
En un comunicado, sindicato docente PIDE ha considerado que esta mañana se ha llevado a cabo una “falsa negociación” para “beneficiar en las elecciones sindicales a CCOO, CSIF y UGT” , ya que todas las cuestiones del orden del día eran decisiones del Gobierno central son de “obligado cumplimiento o son las mesas sectoriales las que tienen la competencia para ello”.
“La Junta de Extremadura y los tres sindicatos referidos nos siguen adeudando, por acción u omisión, la subida salarial de 2020 que PIDE tienen recurrida judicialmente en el Tribunal Supremo. La connivencia de estos sindicatos con la Administración ha supuesto la pérdida de más del 25 % de poder adquisitivo en los últimos doce años para todos los empleados públicos”, ha subrayado.