Extremadura cuenta desde este jueves con el Observatorio de Precios y Cadena de Valor de Productos Agroalimentarios, una herramienta “muy demandada”, que pretende dar más información y transparencia, pero que tendrá poca capacidad de acción, ya que por si solo “no regula nada” y no puede incidir en los precios.
Este observatorio, compuesto por un pleno y comisiones de trabajo, cuenta con participación de representantes de la administración, organizaciones agrarias representadas en el Consejo Asesor Agrario (CAEX), empresariales, cooperativas, sindicatos y mercados de precios, entre otras.
La presidencia recae en la titular de la Consejería de Agricultra, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, quien ha detallado, en declaraciones previas a la constitución, que además se ha creado una página web (agrobservex), lo más accesible e interactiva posibles en la que los sectores implicados vuelquen su información.
Pese a que es un avance, Morán ha precisado que “con esto solo no se arregla el problema, ni con las inspecciones”, ya que, a su juicio, la Ley de la Cadena Alimentaria “debe tener una revisión profunda para dar respuesta a la situación del campo extremeño”. Además, ha incidido además en que los costes de producción y precios que se incorporen son orientativos, pero no oficiales, ya que la propia Ley de la Cadena Alimentaria no dar carácter oficial “y cada agricultor tiene unos costes, por lo que es imposible de gestionar”.
La consejera entiende que la distribución del coste del valor del producto a lo largo de la cadena debe tener un reparto más equitativo, aunque reconoce que la Ley de la Cadena Alimentaria tiene ciertos instrumentos “que tal vez no sean los suficientemente estrictos con ciertos eslabones”. En este sentido, espera que con la futura ley se pueda vigilar más, pero no sabe como quedará y si será muy operativo.
Morán ha detallado que las diferentes comisiones de trabajo tendrán unos resultados que se verterán en la web y que se ha hecho una modificación del decreto para incluir a otros sectores, aquellos que generen una actividad económica superior a 2 millones de euros en sector agrario y ganadero. El objetivo es que “la información fluya”, pero el observatorio no tiene la potestad de incidir en los precios, ni regular, “solo dar información para hacer más transparente los mercados”.
En cuanto a si esa información podrá servir como base para denunciar precios, Mercedes Morán ha señalado que la propia Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) tiene un informe anual del que se desprende que las inspecciones sobre costes de producción no llegan a buen termino, por lo que “algo falla”.