Se trata del impuesto a la generación eléctrica que grava la producción, transporte y almacenaje de energía eléctrica. Fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, al considerarlo una doble imposición. El fallo anuló el impuesto que la Junta cobró desde el año 2006 al 2009, aunque aún faltan por llegar nuevas sentencias (entre los años 2010 y 2017).
Iberdrola y Endesa, dos de las propietarias de la Central Nuclear de Almaraz, estiman ahora que podrían recibir una compensación de hasta 605 millones, según han trasladado al diario eleconomista.
En concreto Iberdrola calcula que podría reclamar unos 387 millones de euros, incluidos los intereses de demora, mientras que Endesa cifra la compensación que debería recibir en 218 millones, sin intereses de demora. El Constitucional ya ha obligado al Ejecutivo extremeño a pagar 70 millones.
Hasta el momento el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha suspendido los procesos pendientes a partir del año 2010, a la espera de que se pronuncie el Constitucional. “Es una medida prudente, porque en caso contrario se podrían ocasionar perjuicios si la sentencia del Constitucional es favorable a una u otra parte”, señaló este lunes el fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco, en declaraciones a los medios.
“En ningún caso lo pagarán los extremeños”
Fuentes de la Junta de Extremadura han señalado, en declaraciones a este diario, que “en ningún caso” el dinero saldrá del bolsillo de la ciudadanía. El Ejecutivo dice que es respetuoso con la acción de la Justicia, y que en estos momentos la reclamación del impuesto sobre las instalaciones que incidan en el medio ambiente, la ‘ecotasa’, es una cuestión que está pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional.
“Por tanto, no vamos a pronunciarnos hasta conocer la sentencia. Será en ese momento cuando el Ejecutivo autonómico tome una determinación”.
Un nuevo modelo energético
La polémica llega en el momento en que se debate la continuidad de la vida de la central nuclear de Almaraz. La central inició el pasado mes de junio los trámites de solicitud de ampliación de la licencia, que expira en 2020.
En mitad del conflicto la Junta mostró su deseo de mirar hacia un nuevo modelo. Meses atrás el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, trasladó la apuesta de la Junta por que el nuevo modelo funcione exclusivamente con energías verdes en el futuro. “Hacia un modelo energético totalmente descarbonizado, en el que los combustibles fósiles llegaran a desaparecer, y en el que en un horizonte final también desaparezca la energía nuclear”.