La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo está trabajando para que “en breve” Extremadura cuente con una Comisión de Clasificación Empresarial propia, necesaria para que las empresas puedan contratar con el sector público.
Según ha explicado la consejera en la clausura del foro “Nuevos modelos colaborativos en la obra pública de Extremadura” celebrado en Cáceres, esta clasificación “permite acreditar la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de las empresas interesadas en contratar con las entidades del sector público”.
En la actualidad la clasificación es obligatoria para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros y, con este paso, ha destacado Manzano, “atendemos una demanda del sector y, de su mano, nos situamos al nivel de otras regiones que proporcionan esta clasificación y cumplen este servicio”. Por todo ello, ha remarcado que, “dentro de muy poco obtener la clasificación empresarial será una realidad también en Extremadura”.
“Nuestro Gobierno cree firmemente que sois vosotros, autónomos y profesionales, los que generáis riqueza y empleo y con vosotros nuestra posición no es ya de colaboración, es de máximo impulso y acompañamiento”, ha aseverado.
En su intervención, Manzano ha destacado que la colaboración público-privada debería ser el modelo habitual cuando se dirige a lo importante “el desarrollo de nuestra región”. Así, ha dicho que la prioridad del Gobierno regional es la generación de oportunidades “y nuestras políticas están dando los mejores resultados”.
“El paro baja en Extremadura a 68.900 desempleados, contamos con 8.000 ocupados más que hace un año. Generamos más empleo, más riqueza y lo hacemos devolviendo a las familias, a los contribuyentes, una parte de los rendimientos que tanto les cuesta ganar”, ha relatado, según recoge la Junta en nota de prensa.
En este sentido, la consejera de Hacienda y Administración Pública ha recordado que Extremadura ha subido ocho puestos en el ranking de competitividad fiscal “pasando a ocupar la séptima posición y a recibir el premio a la región que más avanza” en este ámbito.
A su juicio, esto se ha logrado actuando “con urgencia” para, ha señalado, “acabar con el infierno fiscal” que han padecido los extremeños durante años porque “éramos la región con los sueldos más bajos y la mayor presión fiscal” y “en 50 días bajamos los dos primeros tramos de la tarifa de IRPF al 8 y al 10 por ciento y devolvimos a los extremeños 42 millones de euros”, ha ensalzado entre otras medidas.