La Junta quiere abonar en cinco anualidades la deuda del 2% de subida salarial pendiente de 11 mensualidades del año 2020 a los empleados públicos, cuantificada en 25 millones, con una primera consignación de cinco millones en los presupuestos para 2025, una calendarización que los sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación rechazan y piden un pago único de forma inmediata.
Además de esos cinco millones previstos para 2025, los presupuestos, aún en negociación, incluirán también la previsión de un incremento del 2% salarial -a la espera del acuerdo del Gobierno estatal con los agentes sociales-, lo que representa un montante de 52 millones de euros; y del 0,5 % a pagar en enero con carácter retroactivo para todo 2024, que supone otros 25 millones, según ha explicado a los medios al término del encuentro la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano.
La consejera ha mostrado su “satisfacción” por el avance en la recuperación del poder adquisitivo que han perdido los empleados públicos durante estos años, con unas medidas que se llevarán a cabo con independencia de que se aprueben o no los presupuestos, pues en caso de una prórroga “se buscarán las opciones para que así sea”.
En relación al abono del 2% pendiente de 2020, Manzano ha destacado el “logro” del Gobierno extremeño al dar “certezas” y reconocer esa “deuda histórica” con los empleados públicos de Extremadura, la única comunidad que no procedió a ese pago, que “el anterior gobierno se negaba a pagar” e “incluso llevó a los tribunales”.
Ante el desacuerdo de los sindicatos con que se abone en cinco anualidades, ha defendido que en estos momentos no es posible adoptar otro plazo dadas las distintas necesidades y la importancia de salvaguardar los servicios públicos esenciales: “llegamos hasta donde podemos llegar”, ha dicho.
No obstante, se ha mostrado abierta a revisar este calendario y acelerar el pago si en un futuro se revisa el sistema de financiación autonómica y el Gobierno estatal garantiza la suficiencia financiera de la región que le permita converger con el resto de regiones.
Rechazo de los sindicatos al calendario de la Junta
El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha instado a la Junta a que “recapacite” su propuesta respecto al pago de la deuda de 11 meses del 2% relativa a 2020, que entiende debería abonarse en un solo pago de carácter “inmediato”, y espera que pueda volver a sentarse “cuando haya disponibilidad económica” para que dispongan de ese dinero “cuanto antes”.
Tampoco comparte la calendarización del pago en cinco anualidades el coordinador del Área Pública de CCOO, Manuel Nicolás Molina, quien ha explicado que en algunos niveles lo que se adeuda son 250 euros por empleado, de modo que “la deuda individual no es tan alta” como para poder consignar el importe global en 2025.
Desde UGT, la secretaria de Acción Sindical de Servicios Públicos del sindicato, Ángeles Rodríguez Márquez, ha celebrado igualmente el reconocimiento por parte del Ejecutivo extremeño de un dinero que adeuda desde hace cinco años, en un contexto complejo como la pandemia, en el que hicieron una labor esencial empleados públicos como los sanitarios o el personal de residencias de mayores.
Respecto a la subida “simulada” del 2%, desde CSIF han calificado como “lamentable y vergonzoso” que el Gobierno de España no se haya sentado con las organizaciones sindicales para establecer el porcentaje de subida salarial para 2025, que si finalmente es del 2%, sería insuficiente si se tiene en cuenta que la estimación del Banco Central Europeo es de una desviación del IPC del 2,3-2,5%, con lo que los empleados públicos seguirían perdiendo poder adquisitivo.
Así, Román ha pedido al Gobierno central que negocie un acuerdo en el que “no se pierda” poder adquisitivo y se empiece a recuperar parte del perdido, que cifra en un 20% desde 2010, solo en los dos últimos años del 5,8%; en un momento además donde plantea una subida del salario mínimo interprofesional de un 5% y en los convenios privados sectoriales de más allá del 3 %.
Los representantes sindicales de CCOO y UGT coinciden en que la subida del 2% sería insuficiente y emplazan a las negociaciones de sus organizaciones a nivel nacional para cerrar un acuerdo que avance en la recuperación de poder adquisitivo que acabe materializándose en los presupuestos generales.
Los dos se han referido además al incremento salarial del 0,5% que se abonará en enero con carácter retroactivo en el marco del Acuerdo para la Administración del Siglo XXI que, según ha precisado Molina, ha significado que los empleados públicos hayan visto aumentar sus retribuciones un 9,8% en los últimos tres años.
Otras reivindicaciones que han trasladado los sindicatos en la reunión han sido el desarrollo de la Ley de Función Pública, la carrera profesional de los docentes, la mejora del acuerdo de teletrabajo, actualizar el pago por desplazamiento a 0,26 euros por kilómetro, la jornada laboral efectiva de 35 horas, la equiparación salarial entre los sectores de la administración autonómica, entre otras.