Las noticias sobre la reapertura de la mina Aguablanca no llegan. Ha pasado el tiempo y se mantiene la tensión generada con el cese de la actividad.
A la espera de que la empresa propietaria –ahora Valoriza, filial de Sacyr—decidiera retomar la actividad se puso en marcha un plan especial de empleo y de reactivación empresarial previsto para tres anualidades. Dotado con 10,8 millones de euros, se planteaba como una alternativa extraordinaria para la comarca de Tentudía y concluye este año.
Es una iniciativa pública que quiere dar respuesta a la pérdida de 400 puestos de trabajo, de ellos 100 eran directos y los restantes indirectos. Contempla bonificaciones para aquellas empresas que se instalaran en la zona. Se suma la formación y empleo directo a trabajadores que hubieran estado trabajando en la explotación. En el mismo participan tanto la Junta y la Diputación de Badajoz como lo ayuntamientos de Montemolín, Calera de León y Monesterio.
Se trata de una medida que ha frenado en buena parte la ‘sangría’ del paro que provocó el final de la actividad, aunque ahora que finaliza el trienio para el que fue configurado hay que dilucidar cuál será el futuro de los trabajadores.
Cabe preguntarse si una vez transcurrido este periodo se han creado empleos estables y de calidad en la zona, o al menos si se han consolidado en el volumen y la dimensión necesarios para paliar la inactividad de la mina.
Esta es una de las cuestiones que abordó el pasado 5 de febrero la Comisión de Seguimiento del Plan de Regeneración Económica y del Empleo de la zona minera de Aguablanca, que reunió a las administraciones, la patronal y los sindicatos. En el encuentro se evaluó el desarrollo de dicho plan y se emplazaron a retomar los contactos el próximo verano, a la espera de ver el movimiento de la empresa.
¿La empresa quiere reabrir la mina?
Un tema esencial supone aclarar en qué líneas se mueve la mercantil. Es decir, si apuesta por su continuidad o pretende echar el cierre.
El alcalde de Monesterio, Antonio Garrote, critica que se siga sin conocer la voluntad de la empresa, que mantiene una actitud “de silencio y oscurantismo”. En torno al plan especial apunta que se planteó en tres anualidades porque había que darle una ‘temporalidad’, pero entiende que es una alternativa dinámica y 'adaptable' a la coyuntura y las circunstancias.
Eso sí, apunta que el Plan Aguablanca fue una medida paliativa ante el cese de una explotación intensiva como esta, un ‘parche’ temporal, y la empresa debe aclarar sus intenciones.
El sindicato CCOO Extremadura piensa que se podría estar preparando el cierre definitivo porque no hay rastro de los trámites administrativos que Valoriza debe realizar. Tiempo atrás el Ministerio daba cuenta en su página de los procesos administrativos que la empresa solicitaba, pero hoy día todos los trámites se han paralizado.
Advierte que el abandono de la explotación es cada vez mayor. Antes se hacían algunas gestiones mensuales de mantenimiento, algo que ya ha desaparecido por completo. “Poco a poco se ha ido dejando al deterioro y el abandono”, señala Jesús Ferrero, secretario de Comunicación de CCOO de Industria de Extremadura.
“El Gobierno debe intervenir”
Frente a la incertidumbre el sindicato insta a la empresa a que hable claro. Lamenta la falta de transparencia y el ‘hermetismo’ con el que está actuando Valoriza Minera, “sin que haya ofrecido en ningún momento respuesta”.
Al mismo tiempo emplaza al Gobierno a que tome parte en la mesa y proponga soluciones. La organización sindical también insta al Ejecutivo central a que revierta los 60 millones que ha recibido por el canon de explotación minera en la zona para favorecer la reindustrialización.
En el caso de que se procediera al cierre definitivo de la mina pide que se pongan en marcha ayudas estatales o europeas para la compensación del cierre de instalaciones mineras, como ha ocurrido en el caso de la minería de carbón.
Los procesos administrativos
El julio de 2017 el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente resolvía de forma favorable la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la Mina Aguablanca de Monesterio para que continuara con la extracción de níquel en galerías subterráneas. Tras dos años de espera lograba los permisos, aunque la concesión estaba condicionada a que la empresa realizara una serie de modificaciones que aún no ha hecho.
En el momento en que se cerró la actividad minera el precio del níquel había bajado bastante, aunque hoy el precio de los metales industriales ha subido tanto para el cobre como para el níquel. En este último caso su valor se ha incrementado más de un dos por ciento, hasta alcanzar los 11.000 dólares por tonelada.
“Desconocemos cuál es la cantidad que la empresa considera posible para poder continuar, y para que fuera beneficioso para ellos continuar con la explotación”, explica el dirigente de Comisiones Obreras.
Sobre el plan de reactivación económica el alcalde de Monesterio señala que algunas de las medidas se han desarrollado de manera satisfactoria, mientras que otras han tardado. Su aprobación está condicionada a decretos y otros trámites que se han demorado. Ahora la idea es ampliar más el plazo para que se puedan desarrollar, y que por tanto continúen en el tiempo.
De nuevo resulta indispensable el pronunciamiento de la empresa, que no llega. También se mantienen a la espera de conocer cuál será la reactivación que se ejecutará en la zona tras la explotación intensiva. “La pretensión es que se desarrolle un proyecto emblemático que sea un garante de cómo se recupera, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico”.