La situación socioeconómica de Extremadura mejoró en el año 2017, como refleja el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) o la disminución del paro, pero sigue presentado déficits a corregir en materia de calidad en el empleo, de infraestructuras ferroviarias o de despoblación, sobre todo por la marcha de los jóvenes.
Ésta es la realidad que recoge la Memoria Anual 2017 del Consejo Económico y Social (CES), que muestra un aumento del PIB regional en un 3,45 %, aunque por debajo de la media nacional, y de todos los sectores de actividad, especialmente del agrario (13,3). El turismo prosigue la recuperación en términos de empleo y precios, aunque estos siguen por debajo de los que había en 2008.
La memoria
Se abre con un prólogo de la presidenta del CES, se divide en tres apartados -Panorama Económico; Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales; y Calidad de Vida y Protección Social- y cierra con las conclusiones. En el primero cita el aumento del PIB y la recuperación.
Califica de “muy deficitaria” la situación del ferrocarril y considera “prioritarias” infraestructuras viarias como la comunicación por autovía de Cáceres y Badajoz, informa la Agencia Efe.
El año pasado, además, fue el peor en la región desde el 2011 en cuanto al cierre de oficinas bancarias (-5,99 %), de lo que advierte la memoria por el grado de ruralización y dispersión de Extremadura y porque un 25,82 % de la población tiene más de 59 años. Este aspecto entronca con el arranque del segundo eje del informe, que recoge la pérdida de 7.858 habitantes a 1 de enero de 2017 hasta 1.079.920, y la emigración al extranjero.
Crece la pobreza
A partir de ahí cita la reducción del paro registrado y según la Encuesta de Población Activa (EPA), la caída de la población activa y el aumento de la afiliación a la Seguridad Social y de la contratación, aunque el 97,86 % fueron temporales. En el último capítulo se incluye la reducción de la tasa de abandono escolar temprano hasta el 19,2 % y de las listas de espera quirúrgicas, aunque subió la demora media.
La pensión media se situó en 765,69 euros, un 16,83 % por debajo de la media española, y aumentó la tasa de pobreza y exclusión social en 8,5 puntos, hasta un 44,3 %, muy por encima de la nacional (26,6).
En referencia a estos últimos datos el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que la tasa de pobreza “choca” si se desconoce que en ella están incluidos muchos de los pensionistas que cobran pensiones mínimas. Ha advertido, además, del “impacto enorme” que tendría sobre el consumo si los pensionistas extremeños, el 70 % con una pensión mínima, cobrará 300 o 400 euros más como en otras CCAA.
Por ello, a la hora de comparar los PIB autonómicos, habría que introducir otros “parámetros” que condicionan este dato, según ha planteado. Ha destacado que la región está creciendo por encima del 2 % con condiciones muy inferiores al resto, lo que quiere decir que está realizando un mayor esfuerzo.
Añade que en los últimos cinco años el paro ha descendido un 30 % y, sin embargo, no se tiene esa “percepción” por la precariedad del empleo. Si la región ha sido capaz de reducir las cifras del desempleo con los condiciones que refleja el informe, ha precisado, podrá lograr aún más cuando tenga infraestructuras adecuadas y una financiación autonómica que no solo tenga en cuenta el PIB.
Vara, que ha vaticinado que en los próximos años Extremadura continuará con un crecimiento “sólido y sostenido”, ha reconocido que no será fácil revertir la marcha de los jóvenes.
Ha defendido los cambios legales para simplificar los trámites administrativos a la inversión, ya que los empresarios ya no vienen pidiendo dinero como antes. Nunca antes ha habido tantos proyectos para invertir como ahora y ha dicho que desde este mismo mes y en los próximos años supondrán entre 1.500 y 2.000 millones de euros.