El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del Gobierno de España contra el decreto del Ejecutivo extremeño que obliga que el tratamiento y beneficio metalúrgico del litio extraído en Extremadura se haga en esta comunidad autónoma.
Así lo acuerda el TC en una resolución en la que además acuerda suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados del decreto a petición del Gobierno.
En su recurso el Gobierno argumenta que la norma podría vulnerar la delimitación de competencias en materia de aprovechamiento del dominio público minero.
En concreto alega que se infringe el artículo 149 de la Constitución sobre las bases de régimen minero en relación con la ley de minas.