Comienza el curso escolar y todo sigue igual, lo que equivale a decir que está peor. El sistema educativo sigue retenido contra su voluntad por el gobierno (ahora en funciones), lo que supone tres años ya de congoja e incertidumbre para cientos de miles de niños, docentes y familias. Durante este tiempo los rehenes hemos tenido que implantar, a regañadientes y a toda velocidad (anteponiendo los ritmos políticos a los de la pedagogía y el buen sentido), la LOMCE, una ley retrógrada y macarrónica en sus contenidos (elaborados igualmente a toda prisa), reaccionaria en sus aspectos pedagógicos, torpe en su intención uniformadora (tan torpe que ha generado la mayor diversidad conocida de planes educativos autonómicos), segregadora y clasista (al niño que “no vale” se le expulsa sin contemplaciones al itinerario laboral – ¡así acaba cualquiera con el fracaso escolar!–), y resueltamente favorable a la escuela concertada y privada.
El objetivo de la LOMCE es un sistema público barato, masificado y disciplinador de las clases bajas, de manera que el que quiera educación de calidad, apta para tener amigos, dar pelotazos y abrir cuentas en Suiza (en esto parece que consiste triunfar en este país), tendrá que pagarse un colegio privado, sea el del Pilar – el Eton College del pijerío nacional – o cualquier otro que, a imitación suya, les saque los cuartos a la clase media con pretensiones. La educación es todo un negocio aún por explotar. Por eso la raptaron.
Lo único bueno de la LOMCE es que a todo el mundo (menos al PP) le parece mala y tendenciosa. Incluso el propio gobierno sabe que es una ley sin futuro, lo que no impide – esto es lo grande – que siga torturándonos y amenazándonos con ella. Tras el destierro dorado de los jefes más intransigentes de la banda (Wert y Gomendio), el nuevo ministro Méndez de Vigo ha mostrado mayor voluntad negociadora, lo cual no ha servido para evitar la publicación, hace muy poco, del decreto sobre la reválida, uno de los aspectos más unánimemente rechazados de la LOMCE. A Dios rogando y con el mazo dando. Unos días después el PP acordaba con Ciudadanos la paralización de la Ley (lo que, entre otras cosas, impediría desarrollar el decreto citado) y un plazo de seis meses para acordar un pacto por la educación.
Parece que los secuestradores, cuyo propósito inicial era reeducar a los españoles, se conforman ahora con una investidura. “Si queréis que libere a los rehenes de la LOMCE – parecen decir – tenéis que darnos el gobierno del país”. Este es el trato. O eso parecía, porque tras el fracaso de la investidura todo vuelve a estar como estaba. La LOMCE, pese a estar muerta, sigue generando caos e incertidumbre, y el PP sigue jugando con esta baza (como un pistolero girando su revólver con el dedo en el gatillo) para negociar su llegada al gobierno.
Mientras tanto, el curso ha comenzado y ni docentes, ni alumnos, ni padres sabemos qué va a pasar (o no pasar, que diría, con entrañable retranca nuestro presidente). Además de acabar de implantar una ley en la que nadie cree, y que se tendrá que derogar o reformar en poco tiempo (con todo el coste correspondiente), tendremos que preparar a nuestros alumnos para unas pruebas de las que no sabemos prácticamente nada y que es mentira que no tengan efectos académicos. Para los estudiantes de 2º de bachillerato la reválida de 2017 determinará (como hacía la extinta selectividad) el acceso a la carrera y universidad de su gusto, y supondrá (una vez superada) un 40% de la nota media que figurará en sus expedientes. Para más inri, los sufridos bachilleres tendrán que examinarse de materias que dieron el curso pasado, cuando sus profesores sabían aún menos sobre las dichosas pruebas.
Ante esta situación disparatada y la inaudita parálisis política del país, el gobierno extremeño ha de intervenir con urgencia y contundencia para proteger a sus ciudadanos. Tras el decreto de secundaria de julio pasado (gracias al cual se paliaron algunas de las barrabasadas educativas de la LOMCE), ahora toca hacer lo imposible por condenar a la irrelevancia a estas reválidas con que el gobierno en funciones pretende seguir torturando y ninguneando a la comunidad educativa, y chantajeando, de paso, al país entero. Una tarea esta en la que, por demás, no debería haber la más mínima discordancia entre las fuerzas políticas a la izquierda del PP. Esperemos que así sea.