La Conferencia Episcopal reconoce que la matriculación de alumnos en la asignatura de religión ha bajado del 60%; es decir, pierde alumnos rápidamente. Sin embargo, la factura que el Estado paga no baja, sino que sube: 115,9 millones de euros, la mayor cantidad de dinero en los últimos años (para la asignatura de religión no parece haber crisis).
Este gasto está circunscrito a Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias y Ceuta y Melilla. En las demás comunidades autónomas, incluida Extremadura, los sueldos de los profesores de religión los costean los ejecutivos autonómicos. Así que la factura final supera con creces los 115,9 millones de euros.
Estamos ante una anomalía en toda regla; primero, porque el personal que imparte la «asignatura» de religión no ha pasado por ningún tipo de oposición que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad y, segundo, porque el Estado no tiene la obligación de pagar los gastos de unas enseñanzas que deberían estar fuera de los centros educativos y limitarse a las iglesias, centros parroquiales y edificios consagrados.
En ningún momento me opongo a la enseñanza de la religión; todo lo contario, pues creo en la libertad de culto y en la obligación del Estado de garantizar dicha libertad, pero su doctrina debe ser impartida en el ámbito que le corresponde.
Extremadura se mantiene como la comunidad en la más alumnos reciben enseñanzas de religión católica, el 83,5 % en el curso 19/20 (en el curso 2000-2001, era del 97 %); aunque la matriculación va disminuyendo, lo hace a un ritmo más bajo que en otras comunidades. En todas las comunidades bajan las matriculaciones, pero es en Baleares donde el número de estudiantes de religión ha disminuido de forma drástica a un 27%.
En bachillerato (según datos del MEyFP), cuando los alumnos son menos manipulables, la demanda de matriculación disminuye de forma clara en los centros públicos, bajando del 30%. La entrada en vigor de la LOMLOE que trae consigo la pérdida de peso de la religión en el currículo (dejará de ser computable para la nota media en el Bachillerato) debe ser la puntilla para esta asignatura.
El lugar de enseñanza de la asignatura de religión, que tiene que ver con la fe, no es un centro educativo, debe ser un edificio eclesiástico, en horario vespertino y sus profesores pagados por la iglesia. Así se respetaría el principio de laicidad del Estado que marca la Constitución y la iglesia podría impartir las clases de religión, en pos de la libertad religiosa, en sus edificios y con recursos propios.
También sería muy ajustado a la idiosincrasia de la Carta Magna la desaparición de los conciertos educativos, de forma ordenada y planificada; no olvidemos que más del 80% de los centros concertados son de la iglesia católica.
Con la ubicación de la asignatura de religión fuera de los centros educativos se conseguiría no solo el cese del adoctrinamiento en las escuelas, sino también horario libre para otras asignaturas científicas, humanistas o artísticas que están necesitadas de más presencia en las aulas. Con la desaparición paulatina de los conciertos educativos (con la educación pública y privada se salvaguarda el principio de elección de centros al que se refiere la Constitución) la educación pública recuperaría las unidades perdidas y los centros cerrados podría volver a abrir, dado que son los conciertos educativos los que, en la actual coyuntura de baja natalidad, están socavando gravemente la supervivencia de la educación pública.
*Alfredo Aranda Platero, vicepresidente de PIDE