El diálogo, las recomendaciones sanitarias y las aportaciones de los grupos parlamentarios, de los ayuntamientos y de la comunidad escolar, definirán el proceso de la denominada 'desescalada educativa'.
“Tenemos muchas dudas de cómo acometer” esta desescalada educativa y para ello se está dialogando con muchas administraciones y entidades. Supone una decisión que no es fácil de adoptar al “tener muchas aristas”, ha dicho la portavoz del Gobierno extremeño, Isabel Gil Rosiña.
Conferencia Sectorial
La ministra de Educación, Isabel Celaá, preside este jueves telemáticamente una reunión de la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas en la que se tratará cómo terminar este curso 2019-20.
De cara a preparar esta reunión, este miércoles se celebró una reunión de la Comisión Parlamentaria de la desescalada en la región, en la que trató l cuestión educativa y en la que se analizaron y recogieron las aportaciones de los Grupos Parlamentarios.
“Hay que esperar a la Sectorial de Educación”, ha remarcado Gil Rosiña, quien ha remarcado también el importante papel que en esta posible hoja de ruta tiene el diálogo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, las aportaciones de los grupos políticos y, muy especialmente, los criterios de los expertos, en referencia al Ministerio de Sanidad y a la Consejería.
También tienen un peso importante la participación de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias y las Diputaciones de Badajoz y Cáceres. “Tenemos que ser capaces de adoptar medidas de conciliación familiar”, especialmente con la reincorporación progresiva de madres y padres a sus puestos de trabajo. “¿Qué vamos a hacer con los niños?”, se ha preguntado, como madre, Gil Rosiña.
Peticiones de los sindicatos
Las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación de Extremadura (CSIF, PIDE, ANPE, CCOO y UGT) han solicitado la convocatoria de la Mesa de Negociación del Personal Docente.
Estos sindicatos consideran que no debe procederse a la apertura de los centros educativos para el alumnado de cualquier ciclo y etapa hasta septiembre de 2020“, dado ”el riesgo que supone y “el poco tiempo que resta para la finalización del curso”.
Asimismo rechazan la presencia de docentes y miembros de equipos directivos en los centros educativos mientras no se establezca un protocolo específico de prevención de riesgos laborales y acceso a los centros educativos, tanto para docentes como personal no docente y ciudadanía en general.
También abogan por analizar cuanto antes las medidas que se van a aplicar de cara al próximo curso, así como la elaboración de los planes necesarios para garantizar la seguridad y salud del profesorado y el alumnado, los planes de contingencia, las medidas educativas y demás aspectos que afectan al profesorado y al alumnado.