El Gobierno regional ha llegado a un acuerdo amistoso con el central, según el cual la Junta se atiene a lo que dice la Ley de Presupuestos del Estado de este año y no podrá crear como nuevos puestos de trabajo y de carácter estable los necesarios para dar cabida a las 500 personas que han ido siendo contratadas en los últimos años para trabajos extraordinarios por obra y servicio.
Los Presupuestos de Extremadura de este 2015 han incorporado en el capítulo I, de personal, los sueldos de esas 500 personas que anteriormente cobraban por el capítulo extraordinario de inversiones, el VI, y entre los cuales figuran los de auxiliares técnicos de educación y cuidadores de centros escolares, formadores y orientadores del Sexpe, o técnicos en equipos de valoración de la Ley de Dependencia.
Pero además esa ley presupuestaria extremeña preveía la creación de esos puestos de trabajo, ya fuera de carácter funcionario o laboral, y su inclusión en la relación general; esa previsión chocó en primavera pasada con el Gobierno de Rajoy y su propia Ley de Presupuestos, por entenderse desde Madrid que no era legal esa creación de nuevos puestos de trabajo en la Administración autonómica extremeña.
Al Constitucional
El Ejecutivo de Rajoy planteó un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, pero ha negociado con la Junta hasta que el 21 de septiembre se llegó a un acuerdo: esas 500 personas seguirán cobrando por el capítulo de personal pero sus sueldos no pueden superar los del año pasado, y sus destinos no pueden ser incluidos en la relación de puestos de trabajo (RPT) laboral o funcionarial.
Sindicatos como CSIF o CCOO han reclamado una solución ya que en parte se trata de puestos de naturaleza permanente y estable, y algunos de esos empleados públicos han conseguido además el carácter de indefinidos por sentencia judicial; los sindicatos quieren que se cubran como plaza funcionarial o puesto laboral, pero en el caso de CCOO son conscientes de que la Ley de Presupuestos del Estado no lo permitía: “Así se ha gobernado aquí, se ponía en la Ley de Presupuestos de Extremadura a sabiendas de que no se podía hacer, para luego descargar la responsabilidad en otro”, declara Marisol Salazar.