El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado revisar cómo se utilizan los puntos de encuentro familiar en los casos de violencia de género, para proteger a los hijos de las víctimas de posibles riesgos al estar en contacto con el maltratador, y unificar sus criterios de uso en los distintos territorios.
El Ejecutivo y las comunidades autónomas pondrán en marcha un grupo de trabajo para hacer esta revisión y otro para estudiar una futura legislación de la trata con fines de explotación sexual, según han pactado este jueves en la conferencia sectorial de Igualdad celebrada en Madrid, presidida por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y a la que asistido la consejera extremeña de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña.
En la reunión también se acordó ampliar el ámbito de aplicación del teléfono 016 a todo tipo de violencia contra las mujeres, no sólo la machista.
Así, atenderá también situaciones de violencia sexual, acoso sexual y matrimonios forzosos, e incluirá nuevos canales en redes sociales y whatsap.
Puntos de encuentro familiar
Gobierno y autonomía van a impulsar un grupo de trabajo para “revisar, mejorar y establecer un mínimo común” sobre el uso de los puntos de encuentro familiar a los que van los menores a ver a sus padres, maltratadores de sus madres, en cumplimiento de una orden judicial, ha explicado al término de la reunión la consejera de Igualdad de Extremadura, Gil Rosiña.
El grupo -que atiende una recomendación del Defensor del Pueblo, que se mostró contrario a que los niños tengan que visitar a los padres maltratadores- velará por mejorar la seguridad de los menores, pero también por “evitar que se conviertan en ratoneras peligrosas para las víctimas que tienen que llevar a sus hijos”, ha adelantado la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández.
“Hay un acuerdo en profundizar sobre cómo se están utilizando y para qué y qué sentido tiene si los niños están reconocidos como víctimas de violencia, que a sus madres se les impongan órdenes de alejamiento y a los hijos e hijas órdenes de acercamiento”, reprocha la directora general de Igualdad del Principado de Asturias, Nuria Varela.
En la conferencia sectorial se ha decidido la puesta en marcha de un segundo grupo de trabajo sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, teniendo en cuenta que España es de los países más consumidores de prostitución, y con el objetivo de proponer medidas para la elaboración de una ley orgánica de lucha contra la trata.
Una de las ideas que se ha puesto encima de la mesa es que España lidere esta lucha como ya ha hecho en materia de violencia machista y que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género sirva de espejo para proteger a las mujeres víctimas de trata con una nueva legislación.
La consejera extremeña, Isabel Gil Rosiña, añadía tras la conferencia que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es un instrumento extraordinario y eficaz para prevenir cualquier tipo de violencia machista y mejorar la protección de las víctimas.
Con respecto a la trata de personas con fines de explotación sexual, cree que es necesario y urgente establecer una legislación en esta materia, además de disponer de los recursos específicos para atender a las mujeres que han sido víctimas de trata cuyos derechos humanos han sido vulnerados y ultrajados.
Ampliación del 016
El Gobierno ha informado a las comunidades autónomas de que el servicio telefónico 016 ofrecerá una atención integral a víctimas de violencia machista y también sexual, trata o matrimonios forzosos.
“Esta ampliación del 016 hace que todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tengan un sitio al que llamar”, ha defendido la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, María Isabel Blanco.
El Ejecutivo aprobó en el último Consejo de Ministros una modificación de la ley presupuestaria para ampliar la dotación destinada a este servicio para aumentar la plantilla de personal que lo ofrece.
Esta ampliación del 016 responde a la obligación de España de cumplir con el Convenio de Estambul, el acuerdo europeo vinculante e materia de violencia contra las mujeres que España ha firmado y ratificado.
Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad en funciones, Carmen Calvo, ha trasladado a las autonomías que se firmará una instrucción para obtener y facilitar en los distintos territorios y a través de “una herramienta específica” datos sobre los distintos tipos de violencia sobre la mujer -incluida una estadística sobre mujeres heridas graves por violencia machista-.
Por último, todas las comunidades autónomas se han comprometido a dar publicidad al canal que la Agencia Española de Protección de Datos ha puesto en marcha para retirar con la mayor celeridad posible los contenidos especialmente sensibles en internet.
Blindar el pacto estatal
Diferentes consejeros, de partidos políticos de distinta ideología, han coincidido este jueves en destacar la unidad “sin fisuras” en torno al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que consideran la mejor herramienta para luchar contra este grave problema y que han pedido mantener al margen de cualquier batalla política.
“Hay que sacar la violencia de género de la batalla política, sobre todo en campaña”, ha dicho la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, quien ha aseverado que el Pacto está “vivo” y que es un elemento útil “independientemente de los colores políticos”.
Por su parte, la consejera de Castilla-La Mancha ha aseverado que “no hay fisuras”, sino “unidad de acción” para acabar con la violencia machista.