La Fiscalía de Granada ha acordado archivar las diligencias que mantenía y remitir sus actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción para aunar las denuncias formalizadas por el presunto uso de datos confidenciales de usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de su homólogo extremeño.
El decreto de la Fiscalía, fechado el pasado marzo, recuerda que un representante del Servicio Andaluz de Trabajadores (SAT) formalizó una denuncia por los mismos hechos que la presentada con anterioridad por la asociación privada Defensor del Paciente.
Los hechos se remontan a octubre del año pasado cuando un trabajador de la sede en Granada de una multinacional farmacéutica denunció ante la Fiscalía Superior de Andalucía a la firma por acceder a datos confidenciales de usuarios del SAS y de su homólogo extremeño.
Queja a los gobiernos
La asociación privada Defensor del Paciente remitió entonces un escrito a los Gobiernos andaluz y extremeño en el que advirtió de los “gravísimos y presuntos hechos” que considera podrían constituir varios delitos, “con grave vulneración al derecho fundamental a la intimidad de los pacientes” como usuarios de los servicios públicos de salud de las dos comunidades.
El trabajador de la farmacéutica formalizó su denuncia, admitida a trámite por la Fiscalía Superior de Andalucía, en la que aportó como pruebas datos que recibía en su correo electrónico profesional.
El Ministerio Público ha decretado ahora trasladar toda la investigación a la Fiscalía Anticorrupción para aunar las dos denuncias formalizadas.
El empleado de la farmacéutica expuso además que la multinacional había extraído ilícitamente datos del SAS y del Servicio Extremeño de Salud (SES) con información relativa a personas atendidas en centros sanitarios, historiales clínicos electrónicos, recetas, tratamientos y visados médicos.