La Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía con sede en Granada ha acordado reabrir las diligencias de investigación penal en torno al presunto uso por parte de una multinacional farmacéutica de datos confidenciales de usuarios de la sanidad pública en Andalucía y Extremadura, que fue denunciado por la asociación privada Defensor del Paciente y el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).
Así lo pone de manifiesto el decreto de la Fiscalía, donde se expone que con fecha del 20 de abril se recibió en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (conocida como Anticorrupción) de la Fiscalía General del Estado la información sobre el caso y, una vez visto su contenido, procede a la incoación de las diligencias de investigación penal por parte del Tribunal Superior de Justicia andaluz.
Fiscalía de Granada había acordado previamente, el pasado mes de abril, archivar las diligencias abiertas y remitirlas a la Fiscalía Anticorrupción para unificar las denuncias en torno al presunto uso de datos confidenciales por parte de una multinacional farmacéutica.
En un decreto de entonces, fechado el pasado 21 de marzo la fiscal exponía que el 18 de marzo tuvo entrada un escrito en representación del SAT de Granada poniendo en conocimiento una serie de hechos que, a juicio del colectivo, podrían ser constitutivos de un delito de descubrimiento y otro de revelación de secretos.
En base a ello, la Fiscalía acordó incoar diligencias de investigación penal para esclarecer el asunto. Sin embargo, la fiscal observó que el escrito presentado iba dirigido al fiscal jefe de Anticorrupción (Madrid) y señaló que las manifestaciones contenidas por parte del SAT deberían sumarse a las de la asociación privada deben Defensor del Paciente.
Lo denunciado
Las denuncias del SAT y Defensor Paciente se refieren a una supuesta obtención ilícita y posterior difusión con ánimo de lucro de documentos de salud con datos personales de pacientes y trabajadores de los servicios de salud de Andalucía y Extremadura por parte de una multinacional alemana del sector farmacéutico.
El asunto fue denunciado por un trabajador de esta empresa aportando a la Fiscalía documentación al respecto que recibía en su correo electrónico corporativo, según reveló el SAT.
Ahora las denuncias, unificadas, vuelven a Andalucía y se ha hecho cargo su Fiscalía superior regional.