La secretaria general de Igualdad y Conciliación, María del Ara Sánchez Vera, pidió el pasado lunes en la Conferencia Sectorial de Igualdad que se inste a la UE a prorrogar el plazo para la puesta en marcha de los Centros de Atención Integral 24 Horas para Víctimas de Violencia Sexual, más allá del 31 de diciembre de este año.
El gobierno extremeño justificó esta petición ante la dificultad con la que se encuentran CCAA como la extremeña, “que han tenido que partir de cero, ante la falta de ejecución en la que se encontraban los fondos ligados a estos proyectos”, según explicaba el ejecutivo en nota de prensa.
Señalaba que además de esta circunstancia se une la gran extensión territorial y dispersión geográfica de Extremadura, lo que ha hecho que se haya decidido crear cuatro centros (en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia), a pesar de que la UE, a través de cuyos fondos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) se van a financiar estos, solo exigía la creación de dos, uno por provincia.
Según la secretaria de Igualdad, Extremadura es una región eminentemente rural y “es una responsabilidad de los poderes públicos llevar todos los recursos posibles a cualquier mujer que pueda ser víctima de violencia de género o violencia sexual en el último pueblo de Extremadura, ya sea lindando con la provincia de Salamanca o con la provincia de Huelva”. Por ello, desde noviembre del pasado año, se está haciendo “esfuerzos titánicos” para la puesta en marcha de los cuatro centros de crisis.
La secretaria general también justificó la necesidad de la prórroga en que “vamos muy justos de tiempo” y si hubiera algún problema, como el hecho de que se pudiera quedar desierta alguna licitación, “se estaría con verdaderas dificultades”. A su juicio, con este problema se van a encontrar muchas comunidades autónomas, entre ellas la extremeña, para poder hacer frente al pago del personal técnico de los centros y los suministros básicos, que no entran dentro de la financiación de los MRR.
La Junta explica que en la Conferencia Sectorial se informó de que, de manera excepcional, las comunidades autónomas podrán acumular para el próximo ejercicio presupuestario lo no ejecutado de los fondos del Pacto de Estado y que con estos fondos podrán financiarse los gastos de personal, siempre que la cuantía no supere el 40 por ciento.
En la Conferencia Sectorial finalmente se aprobaron los criterios de reparto y la asignación que corresponde a cada comunidad autónoma, tanto del Pacto de Estado como del Plan Corresponsables que, en el caso de Extremadura, es similar a la aportación del año pasado, en torno a 17 millones de euros, dado que los Presupuestos Generales del Estado están prorrogados.