La directora general de Función Pública de la Junta, Carmen Vicente, ha reconocido que es prácticamente imposible cumplir el plazo de 12 meses establecido en la ley para resolver los procesos de oposición, por lo que no se descarta ampliarlo.
Vicente ha realizado estas declaraciones este lunes en la Comisión de Administración Pública del Parlamento extremeño, en respuesta una pregunta del diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos, quien ha recordado que la Ley de Función Pública de Extremadura, aprobada en 2015, establece ese periodo de un año.
Sin embargo los procesos selectivos de diciembre de 2017 para titulados superiores todavía no se han resuelto, mientras que los exámenes de las convocatorias de octubre de 2018 se están empezando a celebrar ahora, y de las de abril de 2019 “no sabemos nada” nueve meses después.
La directora general ha reconocido que es “muy difícil” cumplir este plazo, entre otros motivos por las propias leyes administrativas que rigen los procesos selectivos, aunque sí ha considerado que “hay que ir tendiendo a la disminución” de los mismos.
Los procesos más rápidos fueron los de 2010 y 2011, que se resolvieron en 18 meses pese a que no se trataba de convocatorias masivas.
Las garantías, ante todo
Ha defendido también que se están adoptando medidas para reducirlos -como bolsas transitorias para quienes han sacado plaza hasta que toman posesión de la misma- y que prefiere, en cualquier caso, unos “procesos garantistas” aunque se demoren más en el tiempo.
Entre otras medidas que se podrían adoptar ha apuntado una agilización en el nombramiento de los tribunales, según ha dicho uno de las dificultades de la actualidad porque “mucha gente no quiere estar”, así como potenciar la presentación electrónica de las solicitudes.
“Medidas podemos ver muchas, todas deben ser consensuadas y negociadas con los sindicatos”, ha señalado Vicente Rivero, que tampoco descarta una modificación de la norma “para dotar de una mayor transparencia y credibilidad a las leyes que se aprueban en esta Asamblea”.
A este respecto, el diputado del PP ha afirmado que si la ley no funciona, “tendremos que poner las medidas para que funcione o modificarla” porque muchos extremeños aspirantes dependen de estos plazos para poder “articular” sus vidas.