La Junta visitará todas las viviendas de promoción pública para actualizar el censo

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha el Observatorio de la Vivienda para gestionar coherentemente el parque de viviendas extremeño y, con el objetivo de optimizar la toma de decisiones en este sector, se iniciará una primera fase de trabajo de campo que consistirá en diagnosticar y analizar los factores socioeconómicos que influyen en el parque de viviendas de promoción pública y que luego se hará extensivo al resto de viviendas de Extremadura.

Así lo ha dado a conocer el Ejecutivo regional en un comunicado este miércoles.

El equipo humano del Observatorio de la Vivienda visitará las viviendas de titularidad pública de la Junta de Extremadura, para recoger información fiable y actualizada que permitirá conocer la realidad social que atraviesan gran parte de los extremeños.

Como ya afirmó el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, “se trata de un trabajo de campo, similar al de un censo, que se iniciará simultáneamente en toda la región con especial énfasis en las ciudades donde existe más volumen de parque residencial público”.

La responsable de Vivienda de la Junta de Extremadura, María Isabel Moreno Duque, ha puntualizado que esta información posibilitará una respuesta adecuada por parte de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, puesto que “no hemos de olvidar que, a fin de cuentas, las viviendas son los hogares de personas, personas que en muchos casos se enfrentan a expedientes de desahucio que pueden originar una situación de desamparo y emergencia social”.

En este sentido, parte de la información obtenida por el Observatorio será fundamental para evitar situaciones de emergencia social, permitiendo la puesta en  marcha de los protocolos contemplados en la ley de emergencia social y la derivación de las familias en situación de emergencia a las oficinas de intermediación para deudores hipotecarios.

Por otro lado, la Secretaría General ha anunciado que se van a recuperar los incentivos de compra de vivienda pública con el fin de convertir inquilinos en propietarios.