La Junta de Extremadura ha decidido encargar a la empresa pública GISVESA la realización del servicio de intermediación bancaria para las familias en riesgo de ejecución hipotecaria y otros procedimientos de desahucio en la región, por un importe total de 425.464 euros.
La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha recordado al explicar ese acuerdo tomado este martes por el Consejo de Gobierno, que la puesta en marcha de este servicio responde a una promesa electoral del PSOE extremeño, en la línea de garantizar el derecho de los ciudadanos a la vivienda.
GISVESA se encargará ahora de facilitar a quienes se vean afectados por situaciones de riesgo, y que puedan acabar en un procedimiento de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual, una vía de comunicación e intermediación con la entidad bancaria al objeto de que puedan contar con la información y asesoramiento necesarios para encontrar una solución negociada.
Este servicio de intermediación bancaria ayudará tanto a la renegociación de las deudas con los bancos como a facilitar la concesión de créditos para dar acceso a una vivienda en el caso de quienes no la tienen.
Las oficinas de intermediación complementan según la Junta el trabajo del recién creado Observatorio Regional de la Vivienda, que trata de poner orden en el parque público de casas y pisos.
Bolsa de alquiler
Po otro lado la empresa pública GISVESA se encargará también de crear una bolsa de alquiler de viviendas privadas, que se nutrirá de tres fuentes: las que son propiedad del ‘banco malo’ Sareb con el que está negociando la Junta; las que están en manos del resto de bancos, y las que sean propiedad de particulares y quieran encomendarlas a esta oficina pública de alquiler.
El trabajo incluye además por parte de esa empresa pública el control y la gestión de un registro de demandantes de familias que puedan acogerse a este conjunto de políticas de vivienda.