Todas las personas que realicen un trabajo en contacto permanente con menores, como profesores, personal sanitario o educadores, están obligadas a presentar a la Administración pública o empresa para la que trabajen un certificado de antecedentes penales que aclare si han sido condenados o no por delitos de libertad, explotación sexual, o pornografía, ya que según la ley no podrían seguir ejerciendo su profesión en caso positivo, ni ser contratados para ello.
Esta legislación española aplica directivas europeas, y se concretó en julio de 2015 con la reforma de la ley de protección del menor y el adolescentes, que en ese sentido establece esta previsión y crea el registro central de delincuentes sexuales.
El problema es que según han denunciado sectores como la federación de enseñanza de CCOO, se ha hecho con improvisación y creando inseguridad jurídica, ya que no están claras las consecuencias de la posesión de antecedentes de ese tipo, y si la persona podría ser despedida en ese caso aunque hubiera cumplido la pena de castigo correspondiente.
En el ámbito de la Administración autonómica extremeña la medida afecta a más de 33.000 empleados, según han informado las consejerías de Educación y Empleo, y Sanidad y Políticas Sociales, las más afectadas.
En el primer caso son 21.000, fundamentalmente profesores, ya sea funcionarios o laborales, incluido el personal adscrito a las actividades formativas complementarias; pero también tienen que presentar el certificado el personal de administración y servicios en centros educativos, así como todo aquel que desempeñe oficios o ejerza funciones asistenciales o de cuidados en colegios, institutos y escuelas infantiles, e igualmente el personal de centros deportivos y cualquier otro que, por el desempeño de sus funciones, tenga contacto habitual con menores.
También la concertada
Eso en el ámbito público, porque en el privado la normativa obliga a 2.200 profesores de la enseñanza concertada y serán sus empleadores a quienes tengan que presentar el certificado, por lo cual velará la Consejería de Educación ya que son empresas financiadas con dinero público.
En el segundo gran grupo, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales (SES), son 11.730 médicos y personal sanitario; más de 200 empleados en los centros de menores, los educadores y resto de personal; un número sin precisar en dependencia, que incluye el personal de las asociaciones privadas concertadas, más 30 personas contabilizadas en los centros propios de Cáceres y Badajoz.
Para facilitar todo esto la Junta está redactando una instrucción a los responsables de sus dependencias de cómo hacerlo, y espera que en el plazo de un mes, el 15 de abril, todo el personal obligado haya presentado el certificado, o al menos haya autorizado a la Administración autonómica para que lo haga en su nombre.
En el caso de que el empleado público no aporte certificado o si lo presenta sea positivo -hay antecedentes penales en su contra- “se analizará cada caso, evaluando la relación jurídica de dicha persona”, responde de momento la Junta de Extremadura.
“¿Qué va a pasar en ese caso?”, ha preguntado CCOO a escala estatal? “¿No se le va a contratar, se le va a despedir, o si es funcionario se le va a inhabilitar, pese a que haya pagado ya su pena?”. El propio Ministerio de Justicia, añade ese sindicato, está desbordado ante el problema.