El Tribunal de Cuentas del Estado (TCU) ha realizado varias críticas a la ejecución presupuestaria de la Junta de Extremadura de hace tres años, 2013, la última fiscalizada por ese organismo. Entre otros aspectos, el Gobierno regional no ha justificado suficientemente la celebración de la mayoría de los contratos analizados.
Por su volumen el mayor reparo consiste en la falta de reflejo en la liquidación presupuestaria de ese año, de 245 millones de euros, una liquidación que quedó así distorsionada.
De las incidencias que se han detectado, en relación con la imputación presupuestaria de los gastos de la Administración General, se encuentra según el Tribunal de Cuentas esa infravaloración de las obligaciones reconocidas en un importe conjunto de 245 millones de euros, fruto, principalmente, de la inadecuada imputación presupuestaria de préstamos bancarios.
Según aclara el TCU, Extremadura concertó y dispuso de operaciones de préstamo a corto plazo, que conforme a los principios contables públicos debieron ser objeto de imputación presupuestaria ese año. El exceso de amortizaciones (devoluciones de dinero) sobre ingresos por estas operaciones ascendió a 245 millones de euros, dinero que no se incluyó en el presupuesto de gastos, y se reflejó por el contrario de forma extrapresupuestaria, y por tanto sin repercusión en la liquidación final.
Eso en un ejercicio en el que oficialmente la Comunidad Autónoma de Extremadura cumplió sus objetivos de déficit y deuda pública, obteniendo porcentajes respectivos de 0,88% y 15,8% del Producto Interior Bruto Regional, frente al objetivo marcado de un 1% y un 16,2%, respectivamente.
Facturas para el año siguiente
Por otro lado según el Tribunal de Cuentas las dotaciones económicas del Servicio Extremeño de Salud se demuestran, “de forma reiterada”, insuficientes para hacer frente a los gastos reales, “lo que obliga a desplazar los gastos a ejercicios posteriores, de una forma sistemática”, y todo ello incide en el “elevado volumen” de los acreedores que estaban pendientes de aplicar al presupuesto, cuyo saldo final ascendió a 176 millones de euros.
De haberse aplicado al presupuesto estas obligaciones, el resultado del Servicio Extremeño de Salud habría arrojado un déficit de 102 millones de euros en 2013.
En 2013 continuó el “deterioro” de los resultados agregados del sector público empresarial, hasta alcanzar unas pérdidas de 41 millones de euros, y se detectaron sobrecostes en los servicios encomendados en el período 2010-2012 a las empresas públicas Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños, S.A. y a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, S.A., que fueron reclamados por la Consejería de Administración Pública posteriormente, en 2014.
Por otra parte se financiaron generaciones e incorporaciones de crédito, con remanente de tesorería, por un total de 29 millones de euros, “en contra de los principios de la normativa de estabilidad presupuestaria” y pese a que la tesorería del año anterior fue negativa en 363 millones de euros, añade el Tribunal de Cuentas.
Por último, en materia de contratación pública, “no se ha justificado suficientemente la necesidad de celebración de la mayoría de los contratos analizados”.