La Junta de Extremadura ha negado que haya concedido permiso alguno de investigación para explotaciones mineras en Sierra de Gata, ya que actualmente están en período de revisión las miles de alegaciones presentadas a los proyectos y los informes requeridos a entidades y ayuntamientos, y ha garantizado la máxima transparencia en su tramitación.
Así lo ha asegurado este viernes la directora general de Industria, Energía y Minas, Raquel Pastor, que ha comparecido en la comisión correspondiente de la Asamblea de Extremadura para responder a sendas preguntas del PSOE y Unidas por Extremadura (UPE) sobre la situación de estos proyectos.
Los dos partidos han justificado sus preguntas en el malestar y “revuelo” que la presentación de tres proyectos de explotación han generado en la zona y que afectan al modo de vida de municipios como Acebo, Hoyos, Perales del Puerto, Villasbuenas de Gata, San Martín de Trevejo, Valverde del Fresno, Villamiel, Alcántara y Piedras Albas.
Tras detallar la tramitación que llevan estas cuestiones, Raquel Pastor ha dicho que su dirección general está obligada a admitir y estudiar cualquier solicitud que se presente , y el que “siga o no adelante dependerá del cumplimiento de la legislación vigente”.
En este sentido, ha precisado que no tiene “una bola de cristal” para saber si habrá o no mina de cielo abierto en la zona, pero sí que su departamento va a actuar “con el máximo rigor” en la tramitación de las alegaciones, a las que se responderá, bien de manera individual o con la publicación de los informes.
Pastor ha reconocido, como le ha indicado la portavoz de UPE, Irene de Miguel la antigüedad de la ley que rige la concesión de estos permiso, pero ha añadido que “es la que tenemos”.
El portavoz socialista, Alfonso Beltrán, ha reprochado a la directora general la falta de información a los vecinos sobre estos proyectos mineros, algunos de los cuales prevén actuaciones dentro del casco urbano de algún municipio.
Además, ha considerado un error que la Junta de Extremadura pueda aceptar la puesta en marcha de proyectos de estas características, que ya fueron paralizados durante el gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara, y ha advertido de que si se sigue adelante “tendrán enfrente a los vecinos en las calles y los juzgados”.
En este mismo sentido, se ha expresado Irene de Miguel, que le ha recordado que se han presentado más de 7.000 alegaciones “y ahora la pelota está en su tejado”, por lo que espera que “no se tiren a la papelera” como se hizo, a su juicio, con las alegaciones a la mina de Cáceres.
De Miguel le ha remarcado a la directora general que la Junta puede denegar esos permisos de investigación y le ha pedido que “cierren las puertas a esa pretensión de que Extremadura sea un paraíso minero”.