El delegado territorial de la Sociedad Española de Ornitología (SEO), Marcelino Cardalliaguet, ha defendido este martes que los 55 zonas ZEPA que se quieren regularizar ahora en Extremadura están oficialmente reconocidas desde el 2003 por el Gobierno autonómico, el de España y la Comisión Europea.
Cardalliaget ha participado hoy en la ronda de comparecencias parlamentarias del periodo informativo de la propuesta de ley del PSOE para regularizar 55 espacios como Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y que pretende legalizar el complejo urbanístico Marina Isla de Valdecañas.
Ha indicado que “la realidad” es que las ZEPA en Extremadura han sido declaradas, avaladas por sentencias judiciales y numerosos actos administrativos desde su comunicación y aceptación por la Unión Europea, según recoge la SEO en nota de prensa.
El delegado de esta organización ha recordado que entre 2005 y 2006 prácticamente todas las ZEPA de Extremadura habían sido ya comunicadas a la Comisión Europea a través del Estado, mediante documentos oficiales conocidos como formularios estandarizados y de obligada cumplimentación.
En estos formularios se justificaban las candidaturas a espacios de Red Natura, con un listado de las poblaciones de especies y hábitats en base a los cuales se proponían los espacios, según Cardalliaget.
Así pues, esas 55 ZEPA extremeñas y todas las demás, una vez aceptadas por la Comisión Europea, dejaron atrás esa “sombra de incumplimiento grave y escandaloso” de las directivas europeas, ha aseverado.
Igualmente, según la SEO, sus fichas oficiales y planos fueron publicados en la página web de la Junta de Extremadura y desde entonces cientos de actos administrativos han avalado su plena vigencia.
Además, a esos actos administrativos, ha incidido, les siguieron “muchos más”, ya que todos los promotores de proyectos o los solicitantes de autorizaciones varias eran informados de la presencia de las ZEPA (cuya información cartográfica tenían disponible en las webs de la comunidad autónoma y del Estado).
Y eran reiteradamente mencionadas en los procesos de evaluación ambiental ya reglados por ley, en las decisiones de los promotores en sus estudios de impacto ambiental y en las de la Administración competente, tanto de la comunidad autónoma, como del Estado, y sus resoluciones publicadas tanto en el boletín oficial autonómico como en el del Estado, ha agregado.
El representante de la SEO han señalado que tampoco hay que olvidar los millones de euros en ayudas a agricultores y ganaderos que han sido distribuidos desde entonces prioritariamente a titulares de explotaciones agrarias por estar incluidos en esas ZEPA.
De igual manera, Cardaguillet ha señalado que entre 2009 y 2015 se han publicado en el DOE distintos planes de gestión de estas ZEPA, donde se detallaban sus límites y se establecía la planificación de actividades y directrices de gestión, que suponían el desarrollo reglamentario de lo establecido en la Ley 42/2007.
Por tanto, a su juicio, las ZEPA estaban en vigor y su presencia, límites y características eran conocidas por los ciudadanos, accesibles en los sistemas de información pública de la Administración con todo detalle, conocidas por las asociaciones profesionales agrarios, los ayuntamientos, diputaciones, ONG y público en general.
Si las ZEPA no estuviesen declaradas en Extremadura, la región no hubiera podido recibir cuantiosos fondos económicos provenientes de la Unión Europea, según Cardaguillet.
“¿Quién le explicaría a la Unión Europea que en Extremadura nos hemos gastado unos fondos que no nos correspondían? o ¿cómo los devolveríamos? y ¿quién se haría responsable directamente por haber engañado a las autoridades comunitarias?, ha cuestionado el delegado de la SEO.
“Por suerte”, ha concluido, nada de esto va a ocurrir, ya que tanto para la Comisión Europea como para el Gobierno español y extremeño, como para los tribunales y para toda la ciudadanía de la región, “las ZEPA han sido y son una realidad”.