El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha acordado este jueves con las comunidades autónomas el reparto de tres millones de euros para labores de exhumación de fosas, de los que un total de 176.495 euros corresponden a Extremadura.
La distribución de estos fondos ha sido aprobada por mayoría en la reunión telemática del Consejo Territorial de Memoria Democrática de este jueves, en el que han participado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; y representantes de todas las comunidades y de Ceuta y Melilla.
En declaraciones a los medios, el secretario de Estado ha informado de que de esos tres millones de euros, un total de dos millones irán destinados a la localización de fosas, la exhumación y la identificación de restos, y el millón restante a acciones para dar a conocer estos hallazgos y “dignificar” esos lugares. Además, ha aclarado que el reparto de estos fondos entre las comunidades autónomas se ha asignado teniendo en cuenta la cantidad de fosas que tiene cada una.
La comunidad autónoma que recibirá más dinero para todas las tareas relacionadas con la exhumación es Andalucía con 521.210 euros seguida de Cataluña con 419.856 y Castilla-La Mancha con 313.874, según datos del Ministerio.
El secretario de Estado ha dicho que en la reunión no se ha comentado nada sobre las llamadas leyes de “concordia” impulsadas por los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana y de Castilla y León, y tampoco sobre el recurso que el Gobierno ha presentado ante el Tribunal Constitucional contra la derogación de la ley de memoria democrática de Aragón.
Además, ha asegurado que el Ministerio no ha recibido quejas por parte de ningún representante autonómico en esta reunión, en la que también se ha abordado por ejemplo la necesidad de que las comunidades remitan su catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática para seguir completando el estatal, previsto en la ley nacional de Memoria Democrática.
Banco de ADN
Por otro lado, el Ministerio ha informado a las comunidades autónomas de que ya está en marcha el banco estatal de ADN, previsto también en la ley y al que han empezado a subirse, por medio de un software, perfiles genéticos de personas desaparecidas o muertas en la guerra civil y en la dictadura franquista para poder cotejarlo con muestras de cadáveres o de ADN.
El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias forenses es el encargado de gestionar este banco estatal de ADN, en el que va a ser posible también que aquellos ciudadanos que lo deseen den muestras de ADN por si en un futuro fuera necesario localizar cadáveres de sus antepasados, según ha explicado el secretario de Estado de memoria democrática.
En la reunión también se ha designado a las comunidades autónomas que integrarán junto a otros actores dos comisiones técnicas puestas en marcha recientemente por el Ministerio.
En concreto, Extremadura y Asturias formarán parte de la comisión sobre la memoria y reconciliación con el pueblo gitano, y Cataluña y Navarra integrarán la comisión para estudiar el conjunto de medidas y reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra civil.
El secretario de Estado preside una tercera comisión, dedicada a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983, sobre la que se ha limitado a decir que tienen previsto ahora determinar la metodología para luego determinar qué casos concretos abordar.