La Junta de Extremadura está trabajando en la mejora de la Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura, aunque ahora hay otras prioridades, como hacer un banco de ADN de víctimas, ya que la norma no se ha desarrollado en la legislatura anterior.
“La ley es mejorable y en eso estamos trabajando”, aunque ahora no es prioritario porque hay temas pendientes que se han encontrado a “cero total”, ha recalcado este jueves la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultura, Adela Rueda.
Márquez de la Plata ha comparecido este viernes en una comisión parlamentaria para contestar a una pregunta del PSOE sobre esta norma. A su juicio, lo “prioritario” ahora es crear un banco de ADN, exhumar los cuerpos pendientes de recuperar, el censo de víctimas, ejecutar el crédito para hacer los estudios genéticos y canalizar todos los análisis genéticos que están repartidos por varios laboratorios de España.
La directora general ha aseverado que los trabajos de exhumación se están desarrollando esta legislatura con “total normalidad”, en consenso con los ayuntamientos y asociaciones memorialistas. Ha destacado que están ejecutando un “crédito perfectamente definido de 260.000 euros de fondos propios, lo que previamente no se había hecho. Y ha asegurado que no se han opuesto a ninguna exhumación, aunque hay peticiones que son inviables técnicamente por ”circunstancias arqueológicas“.
Rueda ha anunciado que recogerán los fondos ministeriales para esta cuestión y los canalizarán por medio de subvenciones, como hasta ahora, y ya el año que vienen pondrán en marcha un procedimiento de concurrencia competitiva.
La directora general ha señalado que la creación del banco de ADN de víctimas les obliga a contar con los institutos de Medicina Legal de Cáceres y Badajoz, pero no han contestado a las tres “intentonas” que han hecho. Por lo que ha adelantado que al final probablemente lo hagan “unilateralmente”.
A su juicio, habría sido deseable que “en el espíritu y en la redacción” la ley de 2019 se hubiera contemplado “al conjunto de víctimas de la Guerra Civil, de cualquier signo”, en aras a una mayor concordia y conciliación.
El diputado socialista Ricardo Utrera ha reprochado al Gobierno regional que pretenda “equiparar a las víctimas con los verdugos” y ha aclarado que los fascistas no eran “combatientes”.
Ha subrayado que más de 14.000 personas fueron asesinadas en la provincia de Badajoz, la segunda de España con más víctimas, y que más de 13.000 están desaparecidas.
Utrera ha pedido a la Junta que no derogue la ley, que la desarrolle y que deje de “blanquear” el golpe de estado de 1936 y la dictadura franquista.