El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la organización conservacionista Adenex contra la desprotección del silo de Mérida, realizada por la Consejería de Cultura a instancias del FEGA, dueño del edificio.
El colectivo ha dado cuenta del proceso judicial al FEGA para evitar que se venda el inmueble sin informar a los compradores de que aún podría seguir estando protegido.
El silo es un elemento fundamental del patrimonio de Mérida y referente único de este tipo de edificios en Extremadura, destaca Adenex en un comunicado. Por ello, su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) recibió los informes favorables de la Universidad de Extremadura, de la Real Academia de Extremadura y de la Comisión Provincial de Patrimonio de Badajoz.
Paralización del BIC
Adenex critica que a partir de las alegaciones presentadas por el FEGA a este proceso, la Abogacía General de la Junta de Extremadura emitió un informe contrario a la protección del silo como BIC al considerar que “atentaría contra los principios de coordinación, colaboración, y eficiencia en la gestión de los recursos públicos entre las diferentes administraciones”.
Así, con este único argumento, la Consejería de Cultura acordó revocar y dejar sin efecto el Acuerdo de incoación como Bien de Interés Cultural del silo de Mérida el 27 de julio de 2018, una revocación contra la que presentaron recursos Adenex y otras asociaciones, como Amigos de Mérida.
“Actuaron con opacidad”
Para la organización ecologista la Junta actuó con “con opacidad y falta de transparencia” y la pretendida falta de coordinación entre las administraciones no puede ir en detrimento de la protección de un edificio cuyos valores arquitectónicos, patrimoniales e históricos invocados en la declaración inicial de BIC seguían vigentes y eran reconocidos por todos las instituciones consultadas.
Adenex teme que detrás del cambio de opinión de la Consejería hubiese en realidad un interés para permitir la venta de un edificio singular público a una empresa privada y consentir su transformación radical para que pueda acoger una actividad económica aún no definida.