De los 60.000 parados de larga duración (más de un año) que hay en la región, una pequeña parte, 4.000, van a firmar a partir de diciembre un contrato para trabajar seis meses en los ayuntamientos, o en empresas que tengan su domicilio fiscal en la región.
El Gobierno regional y las dos diputaciones provinciales van a estirar los escasos 24 millones de euros de que disponen para ese Plan de Empleo Social firmado ayer, y buscar un efecto multiplicador de ese dinero en varias vertientes: que los beneficiarios puedan cobrar el subsidio de paro una vez terminado el contrato, y que perceptores de renta básica ocupen estos empleos y a su vez el presupuesto de la renta alivie a otras personas.
Y sobre todo que esas 4.000 personas más necesitadas salgan del bucle de la desesperación social y económica para volver a conectarse al mundo laboral, ya que además del contrato de trabajo se les va a formar para buscar una inserción posterior con lo que, en el peor de los casos, puedan volver al circuito del empleo, a la prestación contributiva de paro, y al subsidio si posteriormente hiciera falta; incluso algunos, por su edad, podrían conectar con el subsidio prolongado hasta su jubilación.
Así explican fuentes sindicales la “pequeña gran importancia” del acuerdo firmado este viernes entre la Junta y las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres para poner en marcha ese Plan de Empleo. “Todos sabemos que esto no es la solución a medio ni largo plazo, pero hay que sacar a esa gente del agujero en que se encuentran y poner de nuevo en marcha el mecanismo de la búsqueda activa de empleo”.
El presidente Fernández Vara ha subrayado el carácter social del programa. Serán los trabajadores sociales de los ayuntamientos los que propongan a los beneficiarios de estos contratos de seis meses, entre enero y diciembre del año próximo; cada municipio tendrá un mínimo de 6.000 euros de ayuda (un contrato de seis meses), y el resto hasta los 24 millones se distribuirá en proporción a la población activa de cada localidad y su número de parados de larga duración.
Rescate ciudadano
La medida de este plan social de empleo está conectada con una nueva convocatoria de la renta básica en próximos días, que será la última ya que la ley se reforma para que la solicitud esté abierta permanentemente.
Pero también con un programa de ‘mínimos vitales’ aprobado asimismo este viernes por el Consejo de Gobierno de la Junta, que son 5 millones de euros para que “nadie se quede este invierno” sin electricidad, gas o agua, y con una tercera medida que será el decreto ley de ‘rescate ciudadano’ que funcionará antes de fin de año, y que contempla entre otras acciones en materia de vivienda para evitar y remediar desahucios por no pagar la hipoteca o el alquiler en viviendas privadas.
“No vamos a poder resolverlo todo”, admite el presidente del Gobierno regional Fernández Vara, “pero sí las situaciones de extrema gravedad”.
Podemos: “Electoralista”
El portavoz de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, cree que el Plan de Empleo Social es poco ambicioso y tiene claramente tintes electoralistas.
Y es que las 4.000 contrataciones previstas apenas beneficiarán a un tres por ciento de la población desempleada en la región, que serán contratadas únicamente seis meses, subraya. “Sin duda un parche que coincide claramente con las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Podemos Extremadura reclama que las medidas de fomento del empleo sean estructurales y que busquen solucionar el problema de raíz”.