Dos nuevos ediles se han sumado este jueves a la corporación de Alburquerque (Badajoz), en un pleno ordinario que, entre otros puntos, contemplaba poder ocupar las seis vacantes de edil que presenta el consistorio, a los que se sumará un tercero en el próximo pleno, según la alcaldesa, Marisa Murillo.
Juan Cordero e Inmaculada Becerra han tomado posesión del cargo de edil, mientras que Susana Gil lo hará en un próximo pleno tras excusar su asistencia en la sesión plenaria de este jueves. Aunque las vacantes son del Grupos Socialista, los dos nuevos ediles, que no militan en el PSOE, se han sentado en la bancada del grupo gobernante.
Si finalmente son tres y estos pasan como ediles no adscritos, Murillo, que cuenta con el apoyo de otra edil -ambas en los no adscritos-, podrá seguir gobernando en el consistorio merced a su voto de calidad, pues en la oposición hay cuatro concejales de IPAL y uno del PSOE.
Tras cuatro meses sin plenos por falta de secretario municipal, quien dimitió ante la crisis financiera e institucional del consistorio, la sesión había levantado expectación por dos motivos muy relacionados: poner en conocimiento del pleno la renuncia de los concejales Cipriano Robles, Sandra Maya y Matías Duro, todos del PSOE, por lo que el número de sillas vacías se elevaba a seis, y la toma de posesión de sus posibles relevos.
Por tanto, a fecha de este jueves, el grupo gobernante de los no adscritos, formado por la alcaldesa, la edil Laura Santalla (que ya estaba) y las dos incorporaciones (Becerra y Cordero) está en minoría, pues en la oposición hay cuatro ediles de Independientes por Alburquerque (IPAL) y uno del PSOE.
“Una gestión ruinosa”
Mientras el interior del consistorio el pleno se ha celebrado con normalidad, pues de nada ha servido el recurso presentado por el PP contra su celebración por el hecho de que fuera a puerta cerrada, en la calle alrededor de medio centenar de personas han pedido a gritos la dimisión de la alcaldesa y de los concejales ante “la nefasta, ruinosa y escandalosa mala gestión”, según han asegurado.
Una gestión que ha desembocado en impagos de hasta 11 meses a las trabajadoras y trabajadores municipales, una acumulación de impagos a proveedores y una alarmante merma en la calidad de los servicios municipales.
En concreto, y según se expuso en un reciente debate en la Asamblea de Extremadura sobre esta cuestión, la deuda de este consistorio se estima en 15 millones de euros, de los que 6,6 millones es deuda financiera, más de 1,7 millones corresponden a nóminas impagadas a los trabajadores, casi cinco millones por impagos a la Seguridad Social y con un remanente negativo de casi dos millones de euros.
También en el exterior, el diputado regional del PP, Juan Parejo, ha pedido la dimisión de Murillo y del asesor del equipo de gobierno y exalcalde, Ángel Vadillo, “debido a la crisis social, política y económica que sufre la localidad”.
Otro de los puntos del orden del día ha sido la adaptación de la petición de la Delegación del Gobierno en Extremadura para cambiar “la denominación” del puesto que ostenta Ángel Vadillo, de director general del Grupo de Gobierno al de asesor portavoz del equipo de gobierno.
En el turno de ruegos y preguntas, el portavoz de IPAL, Manuel Gutiérrez, se ha referido a los pagos exigidos por sentencias judiciales, las “incontables deudas”, los cortes de luz y telefonía a las dependencias municipales y las deficiencias de las cuatro residencias municipales, entre otras cuestiones.
Por su parte, el edil del PSOE, Juan Carlos Prieto, ha preguntado por las explotaciones asentadas en terrenos comunales y si están al corriente de pago los aparceros, las instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales, la implantación de fibra óptica y también las residencias municipales.