El Pleno de la Asamblea ha aprobado este jueves, con los votos de PSOE, PP y Cs, la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS), que actualiza la normativa diecisiete años después con el fin de combatir la despoblación, aumentar la autonomía municipal, reducir la burocracia y facilitar la instalación de empresas en suelo rústico.
Podemos, por su parte, se ha abstenido en la votación del texto tras el debate de las 173 enmiendas que han quedado vivas para su debate en esta sesión, 106 de la formación morada, 37 del Grupo Socialista y 30 del Popular.
Durante su defensa, todos los grupos parlamentarios han coincidido en la idoneidad de una nueva normativa urbanística, en un debate que ha estado marcado por el consenso aunque con diferencias en cuestiones concretas, que han llevado a Podemos a optar por la abstención, informa la Agencia Efe.
El texto
Sustituye a la Ley de Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX) de 2001 y ha sido elaborado teniendo en cuenta la peculiaridad de que el 90 por ciento de los municipios extremeños tienen menos de cinco mil habitantes.
Combatir la despoblación, aumentar la autonomía municipal, reducir los procedimientos administrativos y facilitar los aprovechamientos del suelo rústico para implantar agroindustria y actividad turística son algunos de sus retos, así como promover la accesibilidad, la movilidad sostenible y la cohesión social.
Entre los principios generales que se contemplan en esta nueva ley están la participación ciudadana, el urbanismo inclusivo y sostenible, la economía verde y circular, la simplificación, la armonía con los procedimientos ambientales, la coordinación de las administraciones, la autonomía municipal, la transparencia y la tramitación electrónica.
Debate político
En la defensa de las enmiendas de su grupo, el diputado Juan Antonio González ha subrayado, entre otros puntos, la apuesta que la norma hace por el empleo y el crecimiento al permitir la instalación de empresas en terrenos rústicos no sujetos a protección.
Ha valorado asimismo el impulso a la lucha por la igualdad al introducir la perspectiva de género en esta norma, en contra de la visión del PP de no hacer discriminaciones positivas ni negativas, y en sintonía con Podemos.
Por el PP, el diputado Miguel Cantero ha presentado 30 enmiendas para, entre otras cuestiones, hacer la norma comprensible al ciudadano, garantizar una apuesta por energías renovables en el desarrollo urbanístico y no hacer una distinción entre localidades de 50 y 50.000 habitantes, pues a su juicio “el tratamiento tiene que ser igual”.
En defensa de las 106 enmiendas formuladas por Podemos, el parlamentario Eugenio Romero ha explicado que es una ley “necesaria” frente a una legislación “obsoleta”, pero ha lamentado que queda “demasiado abierta”, por lo que su desarrollo se deja al albur de la Junta con poca opción de participación a los grupos parlamentarios.
Entre sus enmiendas, la formación morada ha propuesto que los costes ambientales sean tenidos en cuenta en las iniciativas de planificación, así como medidas para evitar la especulación en el suelo, garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad, promover la eficiencia energética en los espacios públicos y mejorar el transporte público y su sostenibilidad.
Que no se desarrollen proyectos de interés regional (PIR) en espacios protegidos, establecer el deber de restauración del terreno, así como de reforestación tras un incendio, los requisitos que deben cumplir las construcciones en suelo rústico y el aumento de los periodos de prescripción han sido otras de sus propuestas. Todos los grupos han mostrado hoy su sintonía en la redacción de esta norma, también con la sociedad civil, como ha destacado el diputado relator del dictamen, el parlamentario del PP José Antonio Echávarri, al afirmar que “muchas” de las aportaciones de los colectivos consultados han sido incorporadas al texto.