El exdiputado del PP Alberto Casero ha llegado a un acuerdo exprés con la Fiscalía este martes en la Audiencia Provincial de Cáceres para evitar la cárcel por diversas irregularidades durante su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres). Casero, acusado de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha aceptado la pena de un año y nueve meses de prisión, la inahibilitación para cargo público durante seis años y el pago de 68.494 euros al ayuntamiento por varios contratos que realizó durante su etapa municipal.
La Fiscalía pedía ocho años de cárcel, que se han visto rebajados tras llegar al acuerdo, la inhabilitación absoluta durante 20 años y el pago de una indemnización cercana a los 70.000 euros.
“Nunca se está satisfecho por esto, pero esto es lo que hay”, ha dicho Casero a la salida de la Audiencia Provincia tras el acuerdo alcanzado entre las partes durante una audiencia previa que ha durado poco más de una hora.
Casero fue alcalde de Trujillo entre 2011 y 2019 y diputado en el Congreso por el PP entre 2019 y 2023, pero renunció a este acta y pidió su baja del partido en marzo de este año tras la propuesta del Tribunal Supremo de juzgarle por posibles delitos relacionados con cinco contratos municipales.
El magistrado del Supremo explicaba que siendo alcalde concertó con diferentes personas y entidades, entre marzo de 2017 a diciembre de 2018, una serie de contratos de servicio, patrocinio o convenios, incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto, por la normativa aplicable en cada caso. Esta normativa “establecía formalidades encaminadas cuando menos a que constara su existencia en el Consistorio mediante la apertura del correspondiente expediente conteniendo la debida resolución por parte del órgano de contratación aprobando el gasto, con justificación de su necesidad y la posterior aportación de la factura correspondiente a los trabajos objeto del contrato”.
De hecho, el magistrado apuntaba “vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna en los supuestos que la cuantía lo requería, elusión de los mecanismos de control, asunción directa de pagos por la integridad de los servicios que además de periódicos se prestaban a entidad en la que el municipio sólo era una parte; plenamente subsumibles en el ilícito de prevaricación”.
La Fiscalía, en su escrito provisional, considera que en estos hechos también habría un delito de malversación.
Cinco contratos irregulares
Esta causa tiene su origen en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo, que abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a contratos, acuerdos o convenios concertados con terceros por parte de Casero en su etapa como alcalde. Dado que Casero era diputado nacional, el procedimiento pasó al Supremo.
En su comparecencia ante el instructor en junio de 2022, Casero admitió “irregularidades administrativas” en las adjudicaciones de cinco contratos públicos, pero rechazó haber incurrido en una prevaricación o malversación de caudales públicos. “Creo que ha ido bien, una declaración con normalidad, en la que he dejado claro cuestiones que tanto la fiscal como el juez entendían que había que aclarar”, añadió el diputado a su salida del Supremo.
Entre esos contratos, el auto hace referencia a que el 3 de marzo de 2017 Casero contrató a un psicólogo para atender a mujeres víctimas de violencia de género, y cobró cuatro facturas de 6.120 euros. Seguidamente, el 29 de agosto de ese mismo año suscribió otro contrato menor con el mismo psicólogo, con duración de un año y por 18.000 euros. El investigado “no aportó al ayuntamiento el contrato ni se instruyó expediente de contratación”, y tampoco “consta que se realizaran efectivamente los servicios” a mujeres víctimas.
Otro de los contratos es el convenio que Casero firmó en 2017 con la Cámara de Comercio de Perú, en un convenio de cooperación institucional que supondría 25.000 euros a las arcas municipales. Este convenio no fue aprobado en pleno ni por resolución de alcaldía, y el exalcalde no informó a la Intervención, tal y como recoge la exposición razonada.
Este también hace referencia a la contratación en 2017 y 2018 de la gala de los Premios Nacionales de la Música y las Artes Pop Eye por 42.000 euros sin “procedimiento administrativo alguno de contratación”.
Otro contrato hace alusión a una empresa para la organización de la Feria Internacional del Queso por el procedimiento de contrato menor y por 14.403 euros. Se firmó en 2018 sin informar tampoco a los servicios competentes.
Por último, el ahora diputado popular suscribió con una empresa de comunicación un contrato de servicios y promoción de la citada feria, “debiendo ser licitado en procedimiento abierto”.
Secretario de organización bajo la dirección de Pablo Casado, donde trabajaba a las órdenes de Teodoro García Egea, Casero fue el diputado que con su voto a favor permitió aprobar la reforma laboral. Tras dejar su acta, el procedimiento fue devuelto al ámbito judicial cacereño.