La Junta electoral de Mérida deberá dictaminar en las próximas horas en torno a uno de los incidentes más sonados de la campaña electoral extremeña. ¿Hubo cargos del PP recogiendo solicitudes de voto en la oficina de correos para internos del psiquiátrico en la tarde noche del pasado viernes? ¿Entre esos cargos había concejales de Mérida? ¿Tenían poderes notariales para cada uno de las solicitudes requeridas?
Esos son algunos de los dilemas que la Junta Electoral debe aclarar en las próximas horas, tras la denuncia presentada ante la Junta Electoral por el PSOE.
A pesar de que la secretaria general del PP de Mérida Raquel Bravo ha señalado que no existe denuncia, lo cierto es que existe un escrito de la representante legal del PSOE ante la Junta Electoral, firmado en la noche del jueves 14 de mayo, en el que se detallan una serie de hechos y se pide aclaración de los mismos a la Junta Electoral.
Concejales en correos
En el relato de los hechos que figuran en la denuncia del PSOE se incluye la existencia de una llamada en la que se les advierte que “tres miembros de la candidatura del Partido Popular de Mérida se encuentran en la Oficina de Correos de la ciudad registrando decenas de votos por correo procedentes, al parecer, de personas residentes en la residencia Rosalba, Residencia de mayores de Calamonte y Centro Socio-Sanitario de Mérida (antiguo Hospital Psiquiátrico)”.
En una nota de prensa de réplica del PP no hay ninguna a alusión a esos hechos, aunque se afirma que no existe denuncia formal de los mismos.
Desde las filas socialistas y de toda la oposición emeritense se están pidiendo explicaciones ante unos hechos que consideran de extrema gravedad, hasta el punto de que si se confirma su veracidad la oposición reclama al PP local que no se presenta a las elecciones.
En respuesta a esa petición de aclaraciones, el PP ha distribuido un comunicado en el que asegura que sus concejales no han estado en el hospital psiquiátrico recogiendo votos.
Para el candidato del PP a la alcaldía, Pedro Acedo “todo es un montaje, una difamación” por lo que, a partir de ahora, “nada de lo que dice el candidato socialista es creíble” y ha insistido en que el PSOE “no ha denunciado, todo es mentira”.
También el candidato a la alcaldía Pedro Acedo ha asegurado que “nadie del PP de Mérida, ni de Calamonte, ha ido al Hospital”, para añadir que “el 90% de esos enfermos están impedidos judicialmente para ejercer su derecho al voto”.
En el comunicado se adjunta un escrito firmado por la directora del Centro Sociosanitario A.D.A. de Mérida, dependiente del SEPAD, en el que indica que “no se tiene constancia de la visita durante el último año de Raquel Bravo (vice alcaldesa de Mérida a la que algunos testigos sitúan en la oficina de correos el pasado viernes recogiendo esas solicitudes de votos) para ningún asunto personal ni laboral”. En realidad, en ninguna parte de la denuncia se alude a visita de Raquel Bravo al psiquiátrico.
El embrollo en torno a este asunto puede tener una explicación razonablemente sencilla. Medio centenar de usuarios de correos estaban en la cola, algunos esperaron hasta una hora, mientras una decena de personas (supuestamente cargos del PP) tramitaban solicitudes de voto por correo. ¿Esas solicitudes de voto corresponderían a personas mayores de centros públicos y privados de la ciudad, entre otros el psiquiátrico, como sospecha el PSOE?
Declaraciones de testigos
Las declaraciones de esos testigos, algunos de los cuales ya han sido interrogados por la policía nacional, y también las grabaciones de las cámaras de vídeo del centro pueden arrojar más detalles en torno a este incidente que ha calentado sobre manera la campaña electoral en Mérida.
Y para añadir más leña al fuego, el secretario regional del PP Fernando Manzano, que este viernes estaba de campaña por Mérida, cargó contra el PSOE asegurando que esas denuncias en torno al voto por correo ha sido “una práctica habitual del PSOE que cuando gobernaban ordenaban y controlaban el voto en todos los centros del SEPAD”.
El PSOE anuncuió durante la mañana del viernes que además de esa denuncia ante la junta electoral va a seguir estudiando con expertos jurídicos nuevas acciones.
También el portavoz de IU Alvaro Vázquez señala que su formación llevará a cabo las medidas legales pertinentes, una vez que se terminen las diligencias iniciadas por parte de la Policía Nacional y la Junta Electoral competente. “La negativa de Raquel Bravo a reconocer su participación en los hechos en contra de las declaraciones realizadas por testigos presenciales, nos empuja a pensar que las sospechas sobre la posible involucración de los candidatos del PP en un delito de fraude electoral son más que probables”, afirma Vázquez al tiempo que muestra su extrañeza de que “Raquel Bravo y Daniel Serrano hayan actuado motu propio para llevar a cabo una iniciativa semejante, al tiempo que entendemos que, o bien forma parte de la voluntad general del PP, o bien surge a iniciativa de su líder y candidato local, Pedro Acedo. Asimismo, desde IU-Mérida, trasladamos la gravedad y la complicidad sobre estos hechos a cualquier formación política que en el futuro se plantee apoyar al PP, y a todos aquellos emeritenses que se decidan a apoyar con su voto a una candidatura formada por personas que protagonizan un comportamiento semejante”.