El PSOE de Cáceres ha denunciado deficiencias en la gestión de la empresa adjudicataria de los apartamentos universitarios en cuanto a mantenimiento y seguridad. Ha criticado que no se les presentan las facturas de agua y luz a los usuarios.
Exige al equipo de gobierno que tome medidas inmediatas con respecto a la gestión que está haciendo la empresa adjudicataria ADOMI SACOR SL. Estas graves deficiencias, añaden, provocan que usuarios de años anteriores no vuelvan y otros que podrían solicitarlos dejen de hacerlo.
La edil socialista Belén Fernández señala que a muchos usuarios “no se les ha devuelto la fianza, para lo cual había un plazo máximo de tres meses, que finalizó el 15 de septiembre”. “La empresa está incumpliendo sus obligaciones en cuanto al mantenimiento de los apartamentos”.
Fernández critica también que solamente disponen de una persona para hacer el mantenimiento de 60 viviendas y las zonas comunes, por lo que éste es “muy deficiente” y “existen problemas de humedades, fontanería o comunicaciones”.
Los usuarios también se quejan de problemas de seguridad porque “no hay personal, y la empresa no dispone de las coberturas mínimas en los seguros obligatorios”. De hecho afirma se han producido varios robos en las plantas bajas de los edificios y los usuarios no han podido recuperar nada porque no había seguros que lo cubrieran.
“Los usuarios a día de hoy se sienten en una situación de indefensión total porque han reclamado varias veces las fianzas y las facturas de agua y luz, y no consiguen hablar con nadie de la empresa”, mientras que “el ayuntamiento no da tampoco ninguna solución”, asegura la edil socialista.
Recuerda Fernández que la función de estos apartamentos es albergar a universitarios que deben cumplir con una serie de requisitos en cuanto a nivel de rentas, “y se ha estado alojando en ellos a familias que no tenían nada que ver con los requisitos que se exigen”, lo que considera “muy grave”.
“Estamos ante un nuevo caso de dejación de funciones del equipo de gobierno en la fiscalización de la gestión de las empresas concesionarias, como ya hemos denunciado en varias ocasiones” asevera Fernández.
Además, en el caso de los apartamentos universitarios, recuerda que podría haberse dado una situación de prohibición para contratar con la Administración por no haber cumplido la empresa con la obligación de estar al corriente de sus pagos con la Hacienda Pública y la Seguridad Social, tal y como denunciaron.