El PSOE ha ganado las elecciones municipales en Carcaboso (Cáceres), donde ha alcanzado la mayoría absoluta con cinco escaños y 464 votos.
El partido regionalista Extremeños, que gobernaba el municipio desde 2005, se va a la oposición tras sumar cuatro concejales y 337 apoyos. Se trata de los mismos escaños que lograron en los anteriores comicios, aunque la mayoría de los socialistas les dejan fuera del sillón de mando.
La nueva alcaldesa socialista es Marifé Plata, que ha sido diputada provincial durante la pasada legislatura y hasta ahora era alcaldesa de Cabrero, aunque es natural de Carcaboso. Coge el testigo de Lorena Rodríguez, que ha ejercido como regidora por Extremeños estos últimos cuatro años. El PP ha perdido el concejal que lograron en 2015 y se queda sin representación.
Cabe destacar que la candidata municipal de Extremeños ha es una de los cuatro diputados electos a la Asamblea por Unidas por Extremadura, la coalición a la que han concurrido juntos Podemos, IU, Extremeños y Equo.
El PSOE ha presentado una lista renovada a las elecciones municipales dejando atrás a las candidaturas que han liderado de manera alterna los hermanos Bueno en los últimos años, y cuyas denuncias, más las de otras personas, han estado a punto de costarle la entrada en prisión a Alberto Cañedo.
El exalcalde del partido regionalista Extremeños fue condenado a una pena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por las denuncias interpuestas por los socialistas en 2009, cuando estaba al frente de la oposición Alfonso Bueno. Desde 2011 lideraba el PSOE el otro hermano, Mario Bueno.
Alberto Cañedo fue condenado por no contestar siendo alcalde a media docena de las 700 preguntas hechas por la oposición socialista, que se mantenía en ella desde que en 2005 éste encabezó una moción de censura.
La pena está relacionada con el incumplimiento de las obligaciones en materia de acceso al derecho de información con respecto al Grupo Socialista, frente a lo que el exregidor afirma haber sido víctima de “un complejo entramado burocrático” para apartarle de la política. Siempre ha defendido haber sido víctima de un 'acoso y derribo' basado en “una estrategia de saturación del despacho de alcaldía mediante la petición reiterada de decenas de informes semanales”.
Posteriormente, en octubre de 2015, volvió a ser condenado a otros ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística, al haber concedido una cédula de habitabilidad en viviendas que según la Justicia no estaban terminadas con todos los servicios exigibles