La presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres, Charo Cordero, ha anunciado hoy la decisión de liquidar la totalidad de la deuda, que asciende a 12,8 millones de euros, lo que permitirá incrementar el presupuesto para 2017 un 3,82 por ciento hasta llegar a los 114 millones de euros.
La amortización de la deuda que la institución provincial mantiene con varias entidades bancarias desde hace más de una década permitirá el ahorro de los 300.000 euros anuales de intereses y del presupuesto consignado de seis millones de euros para su amortización.
Cordero ha indicado que este es el anuncio más importante de la Diputación en los últimos meses y que los 6,3 millones de euros con los que se va a poder contar tras la liquidación de la deuda van a ir destinados a hacer más inversiones en las localidades.
Así, el 3,82 por ciento de crecimiento del Presupuesto del ejercicio irá destinado a financiar inversiones y transferencias corrientes, y de capital de ayuntamientos, con una cuantía de 4,1 millones de euros.
Más compromisos
Además de 800.000 euros para afrontar los compromisos adquiridos por la anterior corporación con el SEPEI y 900.000 para cumplir con la exigencias de la carrera profesional.
Con esta medida, ha indicado Cordero, se permitirá además que todo el superávit presupuestario vaya íntegramente a inversiones sostenibles y no al pago de la deuda, como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sobre el Techo de Gasto.
“De esta forma, la Diputación Provincial de Cáceres se va a convertir en una de las pocas del territorio nacional que dispone de una carga financiera de valor cero, uniéndose a las Diputaciones de Soria, Ciudad Real, La Coruña y Lugo”.
Cordero ha incidido en que “la legislación actual es nociva por no permitir la financiación de inversiones de carreteras, fomento de empleo, mantenimiento de servicios... pero sí gastos financieros, es decir, amortización de deuda y activos financieros”.
Ha concluido con la afirmación de que la reducción total de la deuda financiera es una medida que va a permitir una mayor flexibilidad y margen en la gestión de las políticas y los proyectos, “lo que redundará en beneficio de los intereses de la Diputación Provincial”.