El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado una propuesta de impulso de Podemos que insta a la Junta a declarar como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Sitio Histórico, los restos y el paraje natural donde se ubicaban las colonias penitenciarias franquistas de Montijo.
Se trata del único testigo inmueble de un campo de prisioneros de la posguerra con alguna edificación aún en pie, y uno de los pocos recintos de este tipo conservados en todo el estado español. Sin embargo los restos corren peligro de derrumbarse.
La propuesta de impulso ha sido apoyada por los socialistas, aunque la enmienda de sustitución propuesta inicialmente por el PSOE no ha sido aceptada por la formación morada. Finalmente ambos partidos han votado a favor del texto de Podemos, mientras que PP y Ciudadanos se han abstenido.
Ya hay otros referentes
El diputado de Podemos Eugenio Romero ha recordado que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura ha reclamado en tres ocasiones su protección como Bien de Interés Cultural, a lo que se une una propuesta de la misma naturaleza por parte del Ayuntamiento de Montijo en el pleno municipal.
Recordó que ya existen antecedentes en la protección del patrimonio de la represión franquista que sufrieron los presos republicanos. En concreto la declaración como BIC de las colonias de Los Merinales, el Canal de los Presos, de Sevilla; así como el campo de concentración de Castuera.
Para Romero es necesaria su protección porque es un lugar de referencia histórica y lugar obligado de recuerdo para muchas personas y colectivos. “Su significación histórica en el ámbito de la represión franquista hacen que sea un símbolo para nuestra región, que merece nuestro máximo reconocimiento y protección”.
Algunos de los barracones ya no se conservan, por lo que se hace urgente la protección del paraje y de las construcciones que aún se mantienen en pie, y que le da a este lugar unas características únicas en todo nuestro país, destacó.
Este espacio representa la historia de numerosos terratenientes sevillanos y Extremadura que transformaron sus terrenos de secano en regadíos gracias al trabajo forzoso de presos políticos. En el caso de Motijo se calcula que en ellas unas 1.450 personas participaron en la construcción de una parte del Canal de Montijo, y de una parte de la presa del mismo nombre.
Entiende Podemos que se está debatiendo simplemente el cumplimiento de la ley, la Ley de Memoria Histórica y de Patrimonio. Además, según recordó, queda pendiente la aprobación de una ley de memoria histórica democrática en la región y cientos de solicitudes pendientes para recuperar de las cunetas a las víctimas de Franco.
Recordó el diputado de Podemos un caso especialmente sangrante: el alcalde republicano de Valencia de Alcántara Amado Viera. Viera, junto a parte de la corporación republicana, fueron asesinados por las tropas golpistas de Franco hace ahora 80 años.
Una docena de cuerpos siguen en la mina a la que fueron arrojados y sus restos no se han podido recuperar por la negativa de los propietarios de la finca a que se hagan los trabajos arqueológicos.
Años atrás familiares lograron una subvención de 40.000 euros por parte del Gobierno de Zapatero para exhumar los restos de la mina. El expediente de expropiación forzosa de la Junta de Extremadura es un procedimiento habitual en cualquier excavación arqueológica que en el caso de esta fosa el gobierno de Monago del PP guardó en el cajón y no ejecutó. Finalmente la hija del alcalde, Conchita Viera, tuvo que devolver la subvención pública al Estado.
“Se trata de sensibilizar a la sociedad actual de los acontecimientos del pasado que han sido silenciados de forma indigna. Una obligación legal y democrática, el reconocimiento público, al menos simbólicamente”, destacó el diputado de Podemos.
El PSOE, a favor
Por parte del PSOE, el diputado Labrador Pulido ha expuesto que su partido siempre ha defendido que las generaciones presentes y futuras conozcan la realidad de lo que aconteció en España durante la represión franquista, “para que nadie nos robe la historia, ni el dolor, ni la memoria. Para que se sigan dando pasos firmes que pongan fin al olvido y al silencio”.
La enmienda de sustitución del PSOE, que no ha salido adelante, planteaba que no se podía instar a la Junta a que realice la BIC, cuando su labor es la de ratificar los acuerdos derivados de unos informes previos. Informes que además son preceptivos y vinculantes, tanto el requerido a la Universidad de Extremadura como a la Real Academia de Extremadura. Además cuando se trata de declaraciones de bienes inmuebles, un tercer informe de la comisión provincial de patrimonio histórico.
Por ello proponían instar a lo que estrictamente es competencia de la Junta de Extremadura. Es decir, solicitarle que proceda a incoar el expediente que permita declarar a las colonias BIC. A este respecto el diputado de Podemos aclaró que esa cuestión se sobreentiende y viene implícita en la propuesta de la formación morada.
Ya se estudia el expediente
Otra de las cuestiones que defendió el PSOE es que la Junta de Extremadura lleva bastantes meses trabajando en la elaboración por parte de los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de las memorias técnicas precisas y necesarias para acreditar los valores patrimoniales del bien.
Apuntó a las dificultades de que los restos se encuentren en una propiedad privada, siendo una explotación agropecuaria. También que la primera fecha de solicitud del BIC se hizo con el gobierno Monago. “Y lamentablemente que 4 años más tarde nos hemos encontrado con la desagradable noticia que sobre este expediente no se había hecho absolutamente nada”.
Por parte del PP la diputada, y exconsejera de Cultura, Trinidad Nogales, argumentó que ha revisado las fuentes directas de Montijo, los ejemplares del diario ‘El Canal’ que se editaba cuando las colonias estaban en uso, la planimetría de todas esas naves y espacios que se utilizaron como colonias penitenciarias.
Sus conclusiones son que “se han cumplido las funciones” a las que obliga la ley de Patrimonio y la Ley de Memoria Histórica, porque “se ha reconocido la realidad histórica”. “Se han reconocido aquellos acontecimientos que llevaron a un país a fracasar, a no saber entenderse y romper la convivencia”.
“Defendemos que la defensa de la memoria es irrenunciable para toda la sociedad española, ese trabajo de concienciación social, de conferencias, de dar a conocer entre la población más joven”. Motivo por el que a su juicio “la ley se está cumpliendo, no ha habido desidia por parte del gobierno anterior”.
Niega que la declaración de las colonias penitenciaras fueran guardada en un cajón, como le ha reprochado el PSOE. “Y fíjese, el gobierno del Partido Popular en cuatro años por riguroso orden de llegada declaró casi 40 expedientes e incoaciones BIC”. Advierte que había declaraciones de BIC en la anterior etapa socialista que estaban paralizadas durante “decenios”. Y lo que ocurrió --afirma-- es que el gobierno del PP trató la declaración BIC de Montijo de la misma manera que el resto, no hizo dejación de sus funciones.
Según Nogales “de aquellas colonias queda poco, apenas unos restos en una propiedad privada”. “Por tanto estamos hablando de patrimonio intangible, de espacios de memoria colectiva. Estamos hablando que en Montijo hay otros muchos bienes patrimoniales, y en toda Extremadura, que necesitan urgentemente la declaración BIC”.
“El PP se va a abstener, no por la propuesta de impulso, porque estamos de acuerdo en el fondo, en el rescate de la memoria, en la dignidad de las personas, de los espacios que significan recuperar la memoria negra de un capitulo de nuestra historia, pero hay que hacer una visión más razonada fuera del debate sensible de la sociedad. Hacer un inventario, establecer una prioridad y seguir trabajando”.