Extremadura se niega a topar el alquiler pero dará hasta 1.200 euros al año a propietarios que arrienden sus casas vacías

La Junta de Extremadura se niega a declarar zonas tensionadas en la comunidad y, con ello, topar los precios al alquiler porque es una medida intervencionista e idelológica. Sin embargo, el consejo de gobierno ha aprobado este martes un decreto urgente de medidas tributarias en materia de vivienda que incluye incentivos fiscales para los propietarios que saquen sus viviendas vacías al mercado.

En concreto, para que los arrendatarios “no paguen prácticamente nada cuando pongan su casa en alquiler”, en palabras de la presidenta de la Junta, María Guardiola, se ha dado luz verde a dos deducciones autonómicas en el IRPF con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. La primeras de ellas consiste en una deducción del 30% del rendimiento neto reducido del capital inmobiliario obtenido por el propietario con el alquiler, con un límite máximo de 1.200 euros.

Como requisitos, el inmueble deberá haber estado vacío al menos un año antes del contrato y el arrendamiento no puede ser inferior a dos años.

El incentivo también llega a los municipios, entidades locales menores y pedanías de menos de 3.000 habitantes, donde las inversiones realizadas en la rehabilitación de una vivienda destinada al alquiler se bonificará con un 15% en la cuota del IRPF. En este caso el requisito será que se mantenga durante un periodo de cinco años.

Según Guardiola, de esta forma se estimulará el parque de viviendas de alquiler, lo que la Junta espera que se traduzca en un beneficio para el contribuyente.

Rebaja del impuesto de transmisiones

Pero la Junta de Extremadura también ha aprobado una rebaja del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, el que se abona a la administración autonómica cuando se compra una casa. En concreto, el tipo será del 7% para viviendas de hasta 180.000 euros (hasta ahora el límite estaba en 122.000 euros) que se destinen a domicilio habitual.

Además, también se eleva la cuantía de los límites de renta que dan derecho a la aplicación de ese beneficio fiscal. Hasta ahora era necesario que el comprador tuviera una base imponible máxima de 19.000 euros en tributación individual o 24.000 en tributación conjunta, así como que la renta anual familiar no superara los 30.000 euros, incrementados en 3.000 euros por cada hijo. A partir de ahora, estos límites de renta se elevarán hasta los 28.000 en tributación individual y 45.000 en conjunta y se eliminarán en los referido a la renta de la unidad familiar.

En el caso de los menores de 36 años, la tributación del impuesto es del 6%, aunque los jóvenes ya se benefician de una deducción del 20% en la cuota de este impuesto, por lo que al final lo abonará a un tipo del 4,8 %, ha subrayado Guardiola.

Por último, las familias monoparentales también se podrán deducir a partir de ahora el 20% en la compra de la vivienda habitual, un descuento que ya disfrutan las familias numerosas y las familias con alguna persona con discapacidad. A este beneficio para las familias monoparentales se una la rebaja al 5,6% del impuesto de actos jurídicos.

Los presupuestos, en vía muerta

El decreto-ley de medidas fiscales urgentes entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, pero también tiene que ser convalidado en la Asamblea. El PP tiene minoría después de que Vox cancelase el pacto de gobierno, pero la extrema derecha ya ha adelantado que todo lo que sea bajar impuestos “es una medida correcta”.

En el actual contexto, el PP intenta atraer a Vox para la aprobación de los presupuestos extremeños para 2025, cuya negociación están en punto muerto y que tendrán que haberse registrado en la Asamblea el 15 de octubre. Esta medida, que tendrá que incluirse en las cuentas del año que viene, aunque entrarán vigor antes, es la tercera que el Gobierno de María Guardiola anuncia para atraer a la extrema derecha. Primero fueron los 20 millones de euros para comenzar la ejecución del proyecto de regadío de Tierra de Barros; después la creación de una oficina antiokupación, iniciativa incluida en el acuerdo entre PP y Vox para acceder a la Junta; y ahora la rebaja fiscal que pretende impulsar el mercado de la vivienda.