La Junta de Extremadura ha reiterado que la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura no es una prioridad ni está sobre la mesa, lo que “sí es prioritario”, ha dicho, es respetar los derechos y honrar la memoria “de todas las víctimas”, “sin exclusiones ni matices”. Así lo ha manifestado en Comisión parlamentaria la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Montaña Rueda Márquez de la Plata, ante una pregunta de diputado del Grupo Socialista Ricardo Andrés Utrera Fernández.
La directora general ha subrayado que los recursos disponibles, que son “limitados”, deben ser empleados de tal manera que “realmente dignifiquen a todas las víctimas”, en un compromiso de “justicia, memoria y dignidad de todos”. El apoyo tangible del Ejecutivo extremeño se materializa “con el germen de un banco de ADN extremeño”, la colaboración institucional fuera de la región, análisis genéticos precisos y una política de exhumación “eficaz, seria y en total armonía con familiares y asociaciones”.
En lugar “de debates que reabran heridas”, la intención de la Junta, según Rueda Márquez, es buscar y encontrar acciones que “sanen, construyan puentes y refuercen el tejido social que une a todos los españoles y extremeños”. Ha asegurado que se está cumpliendo ahora lo que no se hacía antes, pues no había banco de ADN ni se hacían análisis genéticos, a la vez que ha subrayado que “no se ha quitado ni un solo euro dedicado a la memoria” y que, además, la mayor parte de los fondos son “propios”.
El diputado socialista, por su parte, ha recordado que la derogación de esta norma era una medida contemplada en el acuerdo de gobierno firmado en su día por PP y Vox, y entiende que la oposición del Parlamento y de la sociedad civil ha sido “decisiva” para que “retrasen” la derogación de una ley.
Tras denunciar que se han suprimido partidas y se han eliminado programas, ha manifestado que la memoria democrática no se limita a recuperar los restos de las personas que fueron asesinadas durante la guerra civil y el franquismo, comprende también la organización y participación en actos públicos de reconocimiento de las víctimas, entre otras actuaciones.